No solo los principales accionistas de Gasco, la catalana Gas Natural Fenosa y la familia Pérez Cruz, deberán negociar entre ellos para concretar la división de negocios anunciada en diciembre, sino que también tendrán que convencer de la conveniencia de la operación a otro grupo relevante: los bonistas.
Según explicó la firma a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el proceso de división de negocios donde se crearán dos empresas -Gasco SA, que continuará con el negocio del Gas Licuado de Petróleo, y Gasco GN, que se quedará con los activos de gas natural, el principal de ellos Metrogas-, contempla la asignación de los bonos emitidos por la sociedad y la operación de Gasco Magallanes en alternativas excluyentes. Es decir, el paquete quedará completo para alguna de las dos sociedades.
Los contratos suscritos con los bonistas consideran lo que se denomina “cláusula de solidaridad” en el escenario que la empresa se divida, por lo que deben ser consultados.
“Previo a presentar el proyecto de división a la junta extraordinaria de accionistas, se debe considerar si los tenedores de bonos liberarán de la solidaridad a la sociedad resultante de la división y que sucederá en el negocio de GN (Gas Natural), para el caso en que el RUT continuador se quede en el negocio del GLP”, señaló a la SVS el gerente corporativo económico y financiero de Gasco, Mauricio Balbontín.
Según la memoria 2014 de Gasco SA, del total de deuda financiera de la firma y sus subsidiaras, el 85% está denominada en bonos de largo plazo emitidos, y estos equivalen a unos
US$ 453 millones. La deuda total, incluyendo las obligaciones con la banca, alcanza a unos US$ 750 millones, según la información contenida en la Fecu.
La situación fue consultada por la SVS, la que pidió a la firma explicar de qué forma alteraría los balances de 2015 el proceso de división. Gasco respondió que, como ésta no se había concretado, la información sería presentada de la misma forma que se ha realizado hasta el momento, para lo cual se apoyó en la opinión de la consultora EY (ex Ernst & Young).
Pese al acuerdo de los principales accionistas, la operación -que implica en total recursos por unos
US$ 700 millones- aún no está cerrada, pues antes de someterla a votación, el directorio de la firma debe pronunciarse favorablemente.
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