La trama entre Transelec y el Gobierno luego de que la principal transmisora del país se autodenunciara al detectar inconsistencias en su inventario de activos de transmisión -y que supone un cobro extra de US$ 135 millones en las cuentas de luz- sigue escribiendo nuevos capítulos. Esto, a pesar de que se anunció un acuerdo con la firma para que, sin esperar la auditoría, se devuelva el exceso en la boleta eléctrica.
Aunque la cronología de hitos tras la autodenuncia son conocidos, la correspondencia entre la empresa y las autoridades da cuenta de detalles y abren un flanco sobre la voluntad real de las partes para hallar una solución mucho antes, dado que el problema se detectó hace un año.
Este martes, DF reveló una carta enviada el 19 de diciembre de 2024 por el gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc, al entonces ministro de Energía, Diego Pardow, donde la firma propone una modalidad para solucionar el problema, manifestando que "podría adelantar voluntariamente" la devolución de los sobrocobros.
Pero también hay otra lectura en la discusión que pondría en duda la intención real de impulsar una solución anticipada. Esto, ya que la transmisora meses después alzó la voz al pedir considerar información respecto a activos subvalorados por el error, lo que implicaba disminuir el monto a compensar. Por esto, incluso advirtió con llegar a la Contraloría General de la República.
El 4 de agosto de este año, Transelec presentó un recurso de reposición en contra de un oficio de la Comisión Nacional de Energía (CNE) del 30 de julio, el cual fue rechazado exactamente un mes después con -según se ha señalado desde la empresa- argumentos de forma y no de fondo.
Tal acción buscó corregir el oficio en el sentido de solicitar al Coordinador Eléctrico la información relativa a los activos sub y sobrevalorados involuntariamente, corregidos a efectos que ambos sean considerados en la corrección del Valor de la Transmisión por Tramo (VATT) y así la eléctrica pueda recibir la remuneración correspondiente.
La advertencia de llegar a Contraloría
En dicho recurso, al que tuvo acceso DF, la transmisora relata la cadena de hechos que trajo consigo la autodenuncia y detalla que la CNE, además de solicitar la auditoría técnica al Coordinador Eléctrico, el 20 de diciembre de 2024 le pidió la información corregida de manera detallada de los activos o elementos declarados en la base de datos.
Acto seguido, en diciembre de ese mismo año solicitó una prórroga del plazo para informar el inventario corregido y considerar no solo las diferencias en exceso detectadas sino también la información respecto a activos subvalorados por error, lo que fue acogido.
Y en mayo de este año, la transmisora entregó los antecedentes requeridos -tanto los elementos sobrevalorado como los subvalorados- a la CNE y luego los complementó en junio. Fue así que en el recurso señaló enfática: "Resulta al menos incomprensible, además de ilegal, que la CNE únicamente haya solicitado al Coordinador Eléctrico la información sobre los activos sobrevalorados erróneamente por Transelec, excluyendo los subvalorados, en atención a que sólo consideraría, según lo señalado en el oficio CNE, los primeros en la corrección tarifaria que corresponde efectuar".
Los elementos no considerados tensó el escenario, ya que en el documento queda de manifiesto que Transelec habría dejado el tono amistoso. "Sin perjuicio de la interposición del presente recurso de reposición, Transelec se reserva el derecho de ejercer todas las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico le provee para impugnar el oficio ordinario CNE N°643 de fecha 30 de julio de 2025, en especial ante la Contraloría General de la República, de manera tal que la misma se ajuste a derecho y evitar el perjuicio patrimonial que su aplicación -en términos actuales- le produciría".
Y sinceraba en el recurso: "No reconocer los costos reales de las instalaciones de transmisión, teniendo la Comisión la información completa para corregir la valorización de los activos (tanto los activos sobre como subvalorados), no sólo incumple la norma legal al no representar valores de mercados sino que también resulta expropiatorio, toda vez que implica privar a una empresa transmisora de una parte de la única remuneración a que tienen derecho por Ley a recibir por el servicio de transmisión que prestan y que no podrán recuperar por ninguna otra vía al constituir el VATT su remuneración única".
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