Mientras los candidatos presidenciales intentan organizar los primeros 100 días de su paso por La Moneda, aunque sólo uno llegará, existe cierta inquietud respecto de algunas de sus ofertas, ya que no todas las medidas son susceptibles de ser implementadas en tan escaso tiempo.
Por ejemplo, algunas propuestas de los candidatos opositores que han generado altas expectativas, como es el caso de la rebaja de impuestos a las grandes empresas y a las PYME, necesitan pasar por el Congreso para concretarse. En este sentido, no es seguro que una medida de ese estilo vea la luz en plazo tan corto.
Es por ello que consultamos con un grupo de abogados expertos qué es lo urgente para quién llegue a La Moneda, pensando en comenzar a resolver los dos grandes problemas que afectan al país, como son el crecimiento económico y seguridad.
Shock de buena gestión pública
Para el profesional Álvaro Mendoza, socio de Mendoza, Luksic y Valencia Abogados –cuyas áreas de práctica incluyen derecho tributario, corporativo y aduanero, entre otras-, se deberá poner el foco justamente en seguridad y orden, “en ese orden, pues lo segundo no puede existir sin lo primero”, enfatiza.
“Si bien los cambios legislativos requerirán más tiempo, hay margen de acción regulatoria y ejecutiva inmediata. La reactivación no dependerá tanto del presupuesto ni de nuevas leyes, sino de un shock de buena gestión pública”, advierte.
“Enfocándonos solamente en lo económico, el ganador de las elecciones enfrentará un doble desafío: recuperar la confianza y reactivar la inversión, en un contexto de bajo crecimiento, alta carga regulatoria e impositiva; y tensiones fiscales”, señala el profesional, que añade que, más allá de grandes reformas estructurales, cuyo resultado depende de una lata tramitación en el Congreso y es, por tanto, incierto, “el foco inicial debiera estar en restablecer condiciones de previsibilidad, simplificar procedimientos administrativos y regulatorios y agilizar la ejecución de proyectos, especialmente en energía e infraestructura”.
En el contexto de que, en la actualidad, la principal traba para invertir es la falta de certeza sobre plazos y criterios de las entidades involucradas en la tramitación de nuevos proyectos, para reactivar la inversión será importante volver a profundizar el mercado de capitales, que aún busca recuperarse de los retiros de fondos de los cotizantes previsionales, plantea Mendoza.
Así las cosas, detalla que en los primeros 100 días el Ejecutivo debiera concentrarse en cuatro ejes de acción inmediata: reactivación administrativa, lo que implicaría instruir administrativamente a los servicios públicos con competencia en inversión, como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Dirección General de Aguas (DGA), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Concesiones y Serviu, entre otros. Además, se debieran revisar plazos, eliminar redundancias y establecer estándares uniformes de tramitación; proceder a desvinculaciones y reemplazos clave, que generen un mensaje claro. El abogado está convencido de que “eso significará mejoras administrativas inmediatas, que pueden tener un efecto multiplicador en confianza y flujo de proyectos”.
El segundo eje que propone es la Agenda Proinversión con alianzas público-privadas, lanzando un plan de reactivación rápida, que priorice proyectos con alto impacto en empleo e infraestructura; facilitando la colaboración entre el Estado y privados, como estima que ocurrió hace dos décadas.
El tercer eje en el que Mendoza hace hincapié es en dar señales de estabilidad y diálogo regulatorio, constituyendo mesas técnicas interministeriales con el sector privado; con pilotos de alto nivel técnico y político a cargo, con el objetivo específico de revisar los principales cuellos de botella que están deteniendo proyectos.
Por último, el cuarto eje es el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma tributaria que contemple la rebaja del Impuesto de Primera Categoría a las ganancias de las empresas en a lo menos cuatro puntos, que reintegre totalmente el sistema de impuesto a la renta, incentivando la reinversión.
Fondo de incentivo a la construcción
Para la socia de Eguiguren Abogados, Ana Velásquez, dado que uno de los principales desafíos para los primeros 100 días del próximo gobierno será reactivar la inversión, para ello es clave simplificar los procesos burocráticos, implementando la nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, cuyo principal objetivo es justamente ese, reducir los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, contribuyendo también a la modernización del Estado.
En este sentido, la profesional alerta acerca que si no se le da agilidad a su aplicación, la normativa “podría quedar sin efecto práctico y no se verían los resultados esperados”. Para evitar que eso ocurra, recomienda “dictar los reglamentos que desarrollen sus procedimientos, actualicen las normativas internas de cada servicio público, para adecuarlas al nuevo sistema; y capacitar a los funcionarios que deberán aplicarla”.
En esta misma línea –agrega-, resulta fundamental impulsar al sector de la construcción, ya que moviliza múltiples rubros y genera una gran cantidad de empleo. Por ello, “considero esencial la creación de un fondo que incentive la construcción y los trabajos técnicos, con el objetivo de financiar programas de capacitación, otorgar subsidios y financiar la incorporación de tecnologías”.
Asimismo, para Velásquez es importante impulsar el emprendimiento, especialmente en las etapas iniciales. Por ello, señala que resulta “clave establecer una exención tributaria para las PYME durante su primer año de funcionamiento, con el fin de fomentar nuevos negocios e incentivar su formalización, para que los emprendedores tengan acceso a los beneficios estatales y de seguridad social”, propone.
Impacto de la ciberseguridad en el crecimiento
El abogado socio de Contraloría Privada, Andrés Pumarino, comparte con sus predecesores que un desafío será sortear los problemas administrativos del Estado, pues “tenemos mucha burocracia para gestión de iniciativas no legales, que son las que se requerirá implementar los primeros con días de gobierno”. Y advierte que “si la nueva administración se pone a pensar en cómo hacerlo será un problema”.
Entonces, hace hincapié en algunas tareas en áreas tales como los ministerios de Trabajo, Economía, Transportes y Subtel y Hacienda. De hecho, en Trabajo plantea fortalecer la capacitación en materias de tecnología, con “un plan nacional de formación ante la llegada con mayor fuerza de la IA en las empresas”; mayor empoderamiento del Sence para gestionar actividades de formación en competencias del siglo XXI y el desarrollo de habilidades en la era de la automatización y la IA; y, la implementación de medidas para incentivar la formalización del empleo.
En Economía, en tanto, propone fortalecer el tejido de las PYME con uso de la tecnología; y, enfatiza que este ministerio “tendrá la tarea de coordinar la resolución de los obstáculos de procesos para la implementación de proyectos”, creando una oficina nacional e internacional para atracción de proyectos de inversión. Y Hacienda, por su parte, tendrá que evaluar el estado de la plataforma para seguridad y operaciones, evitando ciberataques a través de mejoras de ciberseguridad, sostiene el abogado.
Para la cartera de Transportes y la Subtel, Pumarino señala que deberá seguir potenciando la conectividad, ya que “por cada mejora hay más de 1% de aumento en el PIB”; mientras que la Subtel deberá cumplir con el nuevo cronograma de despliegue de la red 5G acordado con Wom. Además, se deberá asegurar el cierre del proyecto del cable submarino Humboldt y seguir avanzando en la conectividad digital y la modernización regulatoria de redes, apunta el profesional.
Y dado que “sin ciberseguridad no hay transformación digital, lo que impacta en el crecimiento”, alerta Pumarino, se deberá designar al nuevo director de la ANCI para la Implementación de la Ley Marco de Ciberseguridad, también nombrar al nuevo director de la Agencia de Ciberseguridad y de la Agencia de Protección de Datos; seguir fortaleciendo las capacidades técnicas y organizacionales de defensa cibernética en instituciones públicas y privadas; desarrollar planes de gestión de riesgos tecnológicos y continuidad operacional frente a ciberamenazas; implementar estándares de seguridad y certificaciones en infraestructura crítica para los regulados, en coordinación con otros reguladores; consolidar la operación y atribuciones de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, asegurando su coordinación con los distintos sectores; y fomentar la formación y especialización de profesionales en ciberseguridad y respuesta a incidentes.
Empoderar al SII
Desde el punto de vista del abogado Camilo Béjar Landabur, socio de Misraji&Béjar, el foco de los primeros 100 días debiera estar en medidas del Ejecutivo tales como determinar de manera exacta los pasivos reales de la administración del Estado con pequeñas y medianas empresas a fin de llevar a la realidad el pago a 30 días; y, generar instructivos ministeriales dirigidos a las principales carteras que se relacionan con proyectos de inversión –como Economía, Hacienda, Vivienda–, a fin de generar equipos interministeriales enfocados en la revisión expedita de las autorizaciones de proyectos en curso.
Además, el profesional enfatiza en la necesidad de empoderar a un nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII), con foco en reactivación, formalización y capacitación de los funcionarios del servicio. Ello, a fin de eliminar las trabas que se han visto en el último tiempo en el marco del inicio de actividades, argumenta Béjar.
También cree que es necesario para que se dicten todos los reglamentos pendientes de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales; reimpulsar a agencias como InvestChile, mejorando su participación en foros internacionales; crear una comisión dedicada al desarrollo y/o actualización de políticas nacionales en industrias clave como el vino, el salmón, el cobre, la agricultura. Esta instancia que debe ser conformada en colaboración público-privada e incluir a productores, gremios, universidades y al Ejecutivo; generar un acuerdo nacional de capacitación de la fuerza laboral, que “incluya la modificación del rol de organismos como Sence, a fin de que no sólo provean de cursos de capacitación, sino que implemente espacios de evaluación y coordinación con universidades y CFT, para mejorar los niveles técnicos y de productividad”.
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