Tras la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que ordenó disolver la Asociación de Productores Avícolas (APA) por coordinar la colusión de tres actores de esa industria, la acción de los gremios se ha tomado parte de la discusión.
"Las asociaciones gremiales tienen que ver cómo hacerse cargo del riesgo que implica juntar a los competidores", dijo ayer el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, quien añadió que estas organizaciones requieren asesoría.
El titular de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que lideró el denominado Caso Pollos, cuya ratificación correrá por parte de Corte Suprema, descartó que la aplicación de la guía de gremios sea obligatoria, ya que la instancia no pretende administrar a estas asociaciones ni a las empresas.
"Lo que nos gusta es la economía de libre mercado y cada empresa tendrá que tomar sus decisiones en función del riesgo que quieran asumir", apuntó.
En una presentación sobre la guía de restricciones verticales que realizó ayer en un seminario organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Irarrázabal recordó que en su momento estos lineamientos fueron tachados como un descuido al suponer que un gremio jamás tendría injerencia en temas de libre competencia, "bueno, al parecer eso no es así", apuntó.
Pese a lo anterior, el fiscal llamó a no "demonizar" a estas entidades, pues no todas facilitarían la colusión, sino que se trata de casos específicos, dijo.
Por otro lado, destacó por parte de las empresas un aumento en la conciencia sobre temas de libre competencia, a raíz de los casos que ha fallado el TDLC.
Modelo europeo
Irarrázabal dijo ser contrario a penar la colusión con cárcel y se declaró a favor de seguir el modelo europeo, que implicaría añadir, a lo que ya está determinado institucionalmente, multas más altas asociadas a un determinado porcentaje de las ventas de la empresa cartelizada
En la actividad de ayer, el secretario general de la CCS, Cristián García-Huidobro, valoró la iniciativa de la FNE en orden a difundir pautas de buenas prácticas en libre competencia, las que calificó como "una viga central de una buena economía de mercado".
"De esta forma se puede dar mayor certeza a los actores acerca de los criterios con que procede la FNE", planteó.
La guía para el análisis de restricciones verticales fija lineamientos para la evaluación por parte de la fiscalía de los mecanismos que regulan las condiciones comerciales pactadas o impuestas entre empresas en distintas fases de la cadena productiva. Al respecto, el fiscal explicó que a mayor concentración, se eleva la probabilidad de que estas restricciones tengan efectos o riesgos anticompetitivos significativos.
Así, dijo, la FNE investigará cuando la participación de mercado de los involucradas supere el 35% del rubro.
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