Por J. Catrón y j. Castellón
A las 16:00 horas del viernes llegó el síndico Herman Chadwick Larraín, en compañía de la secretaria del 4° Juzgado Civil de Santiago, un representante de la Superintendencia de Quiebras a las oficinas de Pesca Chile, ubicadas en Providencia.
El objetivo: tomar posesión material del inmueble, la contabilidad y la totalidad de la documentación y bienes de la filial de Pescanova en el país. Entre las medidas tomadas por Chadwick también estuvo el despido de unos 600 trabajadores de la compañía.
Así se concretó la quiebra de Pesca Chile, la cual fue solicitada por HSBC (en la que también concurren otros bancos acreedores). Chadwick señaló que el proceso seguirá “la próxima semana en Punta Arenas para hacer el inventario de la incautación de los barcos y equipos que se encuentran allá”, además agregó que “la empresa en Chile está absolutamente declarada en quiebra y de eso no hay ninguna duda y se citó a una junta de acreedores para los próximos 42 días”.
Continuidad de giro
El síndico puntualizó que esta reunión sirvió para transmitir “tranquilidad” a los trabajadores de la quebrada empresa, ya que “entre el lunes o martes se harán las cartas de despido de los trabajadores de la compañía” y agregó que “no obstante de ello, el lunes voy a pedir la continuidad de giro de la compañía hasta la primera junta de acreedores”.
Además, al haber entrado en escena el síndico de quiebra, se espera que algunos bancos acreedores abran nuevas líneas para capital trabajo, garantizando así su operación.
La principal razón para ello es que al haberse despejado la duda respecto a las acciones que se podrían tomar en España sobre esta filial (ya que la quiebra anula cualquier tipo de estrategia desde la controladora), las instituciones financieras están dispuestas a dar financiamiento a Pesca Chile para que continúe operando, y los activos que serán puestos en venta no pierdan su valor.
Desde que fue decretada la quiebra, hasta que se realice la junta de acreedores a mediados de julio, la filial del holding español será asesorada por el estudio de abogados Nelson Contador & Compañía.
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