A seis meses de que finalice el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) se encuentra más activa que nunca. Su titular, Jorge Rivas, explicó que la institución está concentrada en los procesos tarifarios que definen los valores del agua potable con las empresas del sector.
Pero más allá de estas definiciones, Rivas señaló que otro de los focos de la SISS es la eventual modificación del modelo tarifario de la industria.
Al inicio de su mandato, el Presidente Boric planteó que el Ejecutivo buscaba ajustar el sistema con el fin de incentivar un consumo más responsable. Hoy esa iniciativa se encuentra en etapa de análisis.
El esquema en estudio, que ya se aplica en varios países, contempla tarifas diferenciadas. En la práctica, si el gasto de agua es bajo, el cliente paga la tarifa más barata; si el consumo es intermedio, se aplica un valor medio; y si es alto, entra a un bloque superior con el precio más elevado.
El principal desafío de esta fórmula, y que mantiene al Ejecutivo evaluando la iniciativa, es que generará comportamientos distintos a los actuales. Por ello, explica el superintendente, esperan tenerlos “tremendamente analizados” antes de tomar una decisión.
“Es necesario un cambio, porque tenemos que tener una señal distinta a la que tenemos hoy día. La señal hoy es que cada metro cúbico vale lo mismo, y eso no es correcto”.
Otro punto en revisión es si el nuevo sistema comenzará a aplicarse en todo el país o solo en ciertas zonas, ya que los patrones de consumo son muy diferentes entre regiones.
“Hay varias interrogantes que estamos respondiendo, pero que de alguna manera no hacen fácil tomar la decisión. Tenemos que tener todos los análisis que nos demuestren que al implementar esta medida no vamos a dejar de hacer las cosas bien, de desarmar lo que tenemos hoy en día por esto. Estamos buscando el punto de equilibrio”, recalca el superintendente.
- ¿Es necesario el cambio?
- Nosotros consideramos que es necesario un cambio, porque tenemos que tener una señal distinta a la que tenemos hoy día. La señal hoy es que cada metro cúbico vale lo mismo, y eso no es correcto.
- ¿En qué parte de la discusión van?
- La generalidad ya la tenemos abordada. Estamos convencidos de que es necesario que las personas que consumen menos paguen menos y aquellas familias que consumen más paguen más. Hasta ahí estamos bien. Ahora viene el caso a caso, que eso es lo que estamos evaluando.
Otras medidas
Mientras la reforma estructural avanza lentamente, la SISS ha incorporado cambios más acotados en los procesos tarifarios vigentes. Uno de ellos es la reducción del límite para cobrar tarifas por sobreconsumo. Antes se aplicaba sobre los 40 metros cúbicos (m3) y ahora se fijó en 30 m3, como en los casos de Esval y Aguas Andinas.
Otro eje de trabajo del Gobierno es la expansión de la infraestructura de desalación. Tras anunciar la construcción de una planta en Coquimbo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) estudia emplazamientos en Arica, en la zona de Petorca y también en regiones más australes.
El desafío, advierten los expertos, está en el costo: el agua desalada es significativamente más cara, lo que podría implicar alzas de entre 40% y 70% en las cuentas. Rivas reconoce ese riesgo, pero enfatiza que el Estado intervendrá para mitigar el impacto.
En la desaladora de Atacama, recuerda, el Estado financió la inversión inicial y las tarifas se aplicaron solo a la operación, con incrementos acotados de alrededor de 15%. En el caso de Coquimbo se seguirá un modelo de concesión, en que el privado construye y vende el agua a la sanitaria a un precio subsidiado, y la diferencia será absorbida por el Estado.
Proyecto de ley
En paralelo, la SISS está impulsando un proyecto de ley que fortalece su institucionalidad y que ya avanza en la Comisión de Obras Públicas del Senado.
La propuesta contempla tres ejes principales. El primero se basa en otorgar mayores atribuciones a la SISS para exigir obras a las empresas sanitarias cuando exista riesgo de continuidad o calidad de servicio.
Además, la nueva normativa busca actualizar el régimen de sanciones con nuevos rangos de multas y planes de cumplimiento. Finalmente, el proyecto también apunta a ampliar territorios operacionales para asegurar mayor cobertura de agua.
Aunque Rivas valora la iniciativa, estima que quedaron temas pendientes. Uno de ellos son los negocios no regulados de las sanitarias -como la limpieza de fosas, camiones aljibes o riles- que hoy no se rigen por el sistema tarifario.
La autoridad explicó que estos servicios generan ingresos que en parte quedan en manos de las empresas, pero también benefician a los usuarios. En concreto, una fracción de las utilidades se mantiene en las sanitarias, mientras que otra se traspasa a la ciudadanía mediante descuentos en las tarifas. A su juicio, el esquema es positivo, aunque requiere mayor claridad regulatoria para definir con precisión cómo debe interpretarse esta distribución.
Otro aspecto que, según Rivas, debería abordarse a futuro es la discusión que levantó hace algunos años la Fiscalía Nacional Económica, que buscaba aplicar un sistema tarifario a estos servicios.
“Nosotros estábamos de acuerdo en que muchos de esos servicios deberían ser regulados. Pero el Tribunal de Defensa de Libre Competencia consideró otra cosa. Estas cosas pueden ir cambiando. Hoy fue ese resultado, quizás mañana veamos otro”, concluyó el superintendente Rivas.
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Laura Guzmán
