La semana pasada se presentaron ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York -que lleva la reestructuración de Latam Arilines- los primeros reportes mensuales de cobros de las firmas de abogados que representan y asesoran a la aerolínea, y otras firmas involucradas en el proceso.
De ellos, destaca la suma reclamada por el estudio Cleary Glottieb Steen & Hamilton, que asciende a US$ 9,8 millones, por el trabajo realizado por al menos 118 personas, entre el 26 de mayo y el 31 de julio, con un promedio de valor de hora de US$ 640 hasta junio, y de US$ 688 desde julio.
Uno de los montos más altos es el de la abogada y socia Lisa Schweitzer -quien ha liderado la defensa de la firma ligada a los Cueto-, quien trabajó más de 710 horas trabajadas generando honorarios por US$ 1.040.589,50.
En círculos legales se ha discutido la diferencia en los honorarios legales en EEUU y los de Chile. Según dijeron a DF fuentes conocedoras del proceso, en nuestro país “la hora más cara podría estar en torno a US$ 500 y US$ 600”, mientras que en EEUU, un summer associate -o estudiante de derecho de primer o segundo año- cobró US$ 455. Esto se aprecia con claridad al revisar los documentos del estudio Morales & Besa, que asesora del Comité de Acreedores Sin Garantías (UCC, su sigla en inglés), que reportó US$ 350 por hora por socio, y una “tarifa por hora de los profesionales para todos los servicios prestados es de US$ 246,25”, según el documento.
Su reporte total es por US$ 51.868, entre el 12 de junio y el 31 de julio.
A estas cifras hay que sumar lo reclamado por el UCC, por unos US$ 5 millones; lo de los asesores financieros de Togul, Segal & Segal; lo del estudio Dechert LLP; lo de la firma chilena Claro & Cía.; la colombiana Brigard & Urrutia; el banco de inversión PJT Partners y hasta el propio Prime Clerk.
Cabe preguntar si Latam podrá mantener el ritmo. La aerolínea estimó gastos por US$ 150 millones.
Las fuentes dijeron que estos montos suelen ser comunes en procesos tan complejos, que requieren muchas horas de trabajo y muchos expertos involucrados. Este punto podría llevar a pedir un auditor o fee examiner, quien revisaría que no haya errores en la facturación.
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