"El Tribunal no aprobará las mociones". Así de tajante y enfático fue el Juez James L. Garrity al anunciar su decisión respecto del financiamiento DIP de Latam Airlines.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que haya cambios en las propuestas de los accionistas mayoritarios específicamente para el Tramo C, con lo que el asunto aún no está completamente zanjado.
Pero esa última frase de su documento de 142 páginas, en el que revisa con detalle cómo ha sido el proceso de la reorganización de la aerolínea desde el 26 de mayo, es sólo uno de los duros señalamientos que hizo el Juez.
En parte del texto, apuntó que el financiamiento DIP ha logrado sortear diversos obstáculos y cumple con algunos estándares previstos en la legislación. Sin embargo, planteó que la forma en que se diseñó la conversión de capital (que incluso puede beneficiar a accionistas que no fueron parte del préstamo) impone condiciones de antemano a lo que será el plan de reorganización.
Expuso que, aunque la parte deudora justificó los términos, comprobó que el aporte financiero es vital para su reestructuración y dio cuenta de una negociación de buena fe, las condiciones del desembolso en el Tramo C "contienen disposiciones que darán a los Deudores una ventaja en el proceso de confirmación del plan".
Y agregó: "Piden al Tribunal que apruebe una transacción que solucionará ahora, algunos de los términos de un plan que aún no se han presentado".
Ello, explicó, da cuenta de una violación a la regla de la prioridad absoluta. "Todos los accionistas de los Deudores (actúen o no como Prestamistas DIP) tienen derecho a adquirir acciones en la reorganización al valor del plan. Eso viola la regla de prioridad absoluta, ya que los accionistas recibirán las acciones únicamente por su condición de accionistas, y sin el beneficio de probar la transacción en el mercado", detalló.
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