Rechazo de acreedores a flexibilizar condiciones y falta de respuesta de Superintendencia precipitaron reorganización judicial de Enjoy
Documento indica que “reticencia de algunos acreedores para renegociar los términos de vencimiento de sus créditos y condiciones de pago” fue determinante en la búsqueda de la salida del procedimiento iniciado ante el 8 Juzgado Civil de Santiago.
Por: Jorge Isla.
Publicado: Domingo 26 de abril de 2020 a las 10:03 hrs.
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En el marco de una detallada descripción de los hechos que llevaron a la profundización de la crisis financiera de Enjoy, la presentación de un Procedimiento de Reorganización Judicial de la compañía ante el 8 Juzgado Civil de Santiago aborda las razones que llevaron a la abrupta suspensión de la junta de accionistas de este viernes que dejo sin efecto medidas como el aumento de capital por US$ 150 millones.
"Producto del esfuerzo por parte de la administración y sus accionistas en sobrellevar el enclave financiero de la compañía, se solicitó en su oportunidad la celebración de una Junta Extraordinaria de Accionistas para acordar un aumento de capital. No obstante lo anterior, y atendida la circunstancia que a la fecha aún se encuentra pendiente la respuesta de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), que será determinante en el flujo de caja de la Compañía, lo que sumado a la reticencia de algunos acreedores para renegociar los términos de vencimiento de sus créditos y condiciones de pago, el Directorio consideró necesario suspender la Junta Extraordinaria de Accionistas llamada a pronunciarse sobre el aumento de capital", detalla el escrito.
Añade que la decisión se mantendrá hasta que "se encuentran dadas las condiciones para que los accionistas cuenten debidamente con antecedentes objetivos que les permita determinar, de manera informada y razonable, el monto de capital que la compañía requiere aumentar".
En su explicación del difícil escenario que enfrenta Enjoy desde el inicio del estallido social en octubre y luego por efecto de las medidas para enfrentar la epidemia del Covid-19, el documento asegura que si bien la empresa "ha informado debidamente esta situación a sus accionistas y acreedores, solicitando a estos últimos la flexibilización de ciertas condiciones, apoyo financiero y provisión de liquidez adicional para superar esta coyuntura, no ha sido posible hasta ahora alcanzar acuerdos que le permitan a la sociedad superar su coyuntura financiera que, en un contexto del cierre decretado de sus operaciones, se agrava semana a semana".
De ahí la necesidad, se argumenta, de "iniciar un Procedimiento de Reorganización Judicial, con el objeto de aunar las voluntades de los acreedores para lograr una necesaria reestructuración de los pasivos, lo que le permitirá resolver estructuralmente su situación financiera, y viabilizar el desarrollo de sus planes de negocios e inversiones a futuro".
La respuesta pendiente
En el caso del tema pendiente con la SCJ, el documento puntualiza que se trata una serie de medidas paliativas transversales – solicitadas en conjunto con los demás operadores- "que tienen por objeto superar esta grave crisis y apoyar la recuperación de la Industria". Indica que si bien la autoridad aún no ha entregado una respuesta a estas peticiones, indica que "han tenido una buena acogida, por lo que la empresa confía en la comprensión y debida diligencia de la misma, frente a esta situación de fuerza mayor que aqueja a este mercado".
Aunque no detalla el contenido de estas conversaciones, fuentes de la industria han señalado que el punto de discusión son las licencias de operación de los respectivos casinos, tema en el cual los operadores buscan un aplazamiento de los plazos de vigencia, así como en cuanto al próximo proceso de licitación de salas de juegos que se avecina. De hecho, en su carta a los accionistas, el presidente del directorio de Enjoy, Javier Martínez, se había referido ampliamente al tema señalando que "hoy se hace necesario una revisión a la entrada en vigencia de las nuevas licencias. Las ofertas para ese proceso fueron presentadas el año 2017, lo que claramente correspondía a un contexto de mercado, orden público y realidad país muy distinto al actual".
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