La disputa con Contraloría por el marco jurídico que rige a la minera estatal llegó finalmente a tribunales. Y es que, según informó la empresa al regulador a través de un hecho esencial, el equipo jurídico interpuso una demanda de nulidad en contra de algunas partes del dictamen 900 expedido por el órgano fiscalizador en mayo pasado.
Según explicó Pedro Pablo Gutiérrez, uno de los miembros del equipo jurídico de Codelco, las conversaciones con Contraloría fueron intensas, pero dos puntos trabaron la posibilidad de un acuerdo: el artículo 4 de la Ley de Compras, y algunas normas de la ley de bases generales de la administración del Estado.
El jurista aseguró que “hemos llegado a un momento en que ya el diálogo está agotado y hay que pasar a la etapa siguiente. Hubo intercambio, pero los diálogos llegaron a un punto muerto, porque las partes no encontraron un consenso y en ese caso lo que hay que hacer es recurrir a la institucionalidad vigente que son los tribunales”.
En el documento de más de 80 páginas presentado ayer, se especifica que la empresa estatal reclama sólo algunas partes del dictamen de la Contraloría, en cuanto a que se debe regir exclusivamente por la ley de gobiernos corporativos, de lo contrario, se verá afectado el negocio, ya que las empresas que quieran trabajar con Codelco se verán obligadas a revelar sus estrategias comerciales ante la Contraloría y la Cámara de Diputados.
Además, señala que se generarán importantes incertidumbres con los contratos que la minera ya tiene pactados.
En una entrevista en Radio Duna, el presidente del directorio, Óscar Landerretche, reafirmó que la controversia ha tenido efectos sobre la compañía, y comentó que “nuestra responsabilidad es minimizar los efectos de esta pugna jurídica, que mientras exista va a generar un problema”, a lo que agregó que dentro de su gestión se ha buscado establecer controles sin “rigidizar” la empresa, que es justamente lo que ocurre con este tipo de dictámenes, aseguró.
Fuentes de la industria, leen este movimiento como una salida de la cuprífera para dejar el escenario abierto en el mediano plazo hasta que se pueda llegar a un acuerdo, ya que según la propia empresa, una resolución podría tardar entre tres y cinco años. En ese período, Codelco podrá seguir operando como hasta ahora, sin modificaciones a su ley.
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