No sólo las anomalías en el cálculo de la producción de 2025 tienen ocupado al Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) de Codelco.
En marzo de 2026, la compañía global de servicios de auditoría KPMG inició un proceso de investigación en la estatal, solicitado por el CACE, a raíz de una denuncia recibida en enero de este año que acusaba que una serie de dirigentes sindicales de la cuprera -específicamente de la División Chuquicamata- habrían obtenido ascensos irregulares y, con ello, mayores sueldos.
Hoy, el análisis en curso se centra en el Acuerdo de Desarrollo Sindical firmado en marzo de 2025 por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) -que agrupa principalmente a los sindicatos de Codelco- y la misma compañía, donde se estableció un sistema especial de movilidad interna y ascensos para dirigentes, considerando criterios como años en el cargo, tiempo sin ascensos y participación en actividades de formación y liderazgo.
Sin embargo, según la denuncia, dicho pacto habría permitido beneficios superiores a los contemplados en los instrumentos colectivos, incluyendo promociones de hasta tres escalas de una sola vez para algunos dirigentes, algo que no ocurre con el resto de los trabajadores.
Fue así que el Comité presidido por Tamara Agnic e integrado por Eduardo Bitran, Alfredo Moreno y Ricardo Álvarez, encargó la revisión del caso a un auditor externo, como ocurre cuando se trata de denuncias sindicales.
Cabe remarcar que el telón de fondo de la investigación de KPMG es el de una ácida disputa sindical entre dirigentes de Chuquicamata, que se inició en 2024 mientras se discutía el acuerdo y ha ido in crescendo a medida que se acerca la elección del Sindicato Nº1 de la división, cuyo presidente y también timonel de la FTC, el histórico dirigente Héctor Roco, va por la reelección.
Consultada por este caso en particular, Codelco señaló que “la auditoría está en desarrollo y, por lo tanto, no se pueden hacer comentarios previos”.
US$72.000 en pagos adicionales habría incurrido Codelco tras el acuerdo
Denuncias públicas
De los cinco sindicatos de la faena que fue por más de un siglo la mina a rajo abierto más grande del mundo, sólo uno no suscribió el acuerdo: el Sindicato Chuquicamata, liderado por Hernán Guerrero. Justamente, el tesorero de dicha agrupación, Miguel Véliz, dirigente desde hace nueve años y trabajador de Codelco desde hace 22, realizó denuncias públicas apuntando a “ascensos irregulares” en un video difundido en diciembre pasado. Contactado por DF, Véliz asegura que “no existe ningún trabajador en Codelco que ascienda cuatro o tres escalas sin concurso, sin entrevistas, sin exámenes médicos, sin psicólogo. Además, para subir esa cantidad de escalas, un trabajador demora unos 18 años”.
Según este dirigente, por cada escalafón, la remuneración mensual aumenta entre US$ 800 y US$ 1.000, por lo que, habiendo sido beneficiados al menos siete dirigentes de Chuqui, de acuerdo con su relato, desde marzo a la fecha esto equivaldría a pagos adicionales de al menos US$ 72.000. “A mí me ofrecieron (la empresa) tres escalas, porque soy una persona confrontacional y tengo un podcast donde hacemos entrevistas. Pensaron que si aceptaba me iba a quedar callado, pero nadie de mi sindicato aceptó”.
A raíz del video, KPMG lo contactó en calidad de testigo y ya ha declarado en tres oportunidades.
FTC defiende acuerdo
Héctor Roco, firmante del acuerdo y presidente de la FTC, defiende que el pacto “no tiene otra finalidad que regular, que hacer un poco de justicia, respecto de la situación de los trabajadores que cumplen el rol de dirigente sindical, que por tener una condición de representación de sus pares sufren un menoscabo y están por muchos años sin ascender. De hecho, ni siquiera eran considerados”.
Según explica el dirigente con 30 años de trayectoria sindical, “se buscó de manera muy prístina regular el desarrollo de carrera de los dirigentes, que es algo paralelo al desarrollo de carrera de los trabajadores. Esto no son regalos ni ‘comprar dirigentes’, aquí hay una serie de condiciones que deben cumplirse y solo aplica en el periodo de cuando se es dirigente”.
Consultado por ascensos de hasta tres escalas de una sola vez, dice que no conoce el detalle, porque es algo que se revisa a nivel individual, pero que “es posible”. Sobre los beneficiados dice que “es un número muy reducido” frente a los 3.600 trabajadores de Chuquicamata y recalca que el acuerdo era conocido por todos: “No fue algo escondido ni tampoco hoy es algo nuevo”.
Disputa sindical
La interpretación de Roco del asunto es que la denuncia y su timing responden a las elecciones de su sindicato del próximo martes. “Estos dirigentes que desprestigian presumen que esto va a mover la aguja en contra mía”, comenta.
Pero la trama viene de más atrás. A fines de abril, la FTC resolvió suspender por un año a cuatro dirigentes del Sindicato Chuquicamata -el que no firmó el acuerdo- y expulsar de manera indefinida a Miguel Véliz. La medida se fundamentó en reiteradas acusaciones consideradas injuriosas contra consejeros nacionales, sindicatos base y la propia FTC. Todo, a raíz de la firma del acuerdo.
De hecho, tanto Héctor Roco como Mario Lobos -el otro firmante del acuerdo e histórico dirigente sindical- presentaron una querella por injurias graves contra Véliz, luego de que éste difundiera mensajes en un grupo de Whatsapp integrado por 106 dirigentes, en los que calificaba el pacto suscrito con Codelco como “oscuro”, “vergonzoso” y una “corrupta acta firmada”.
La causa tendrá una audiencia conciliatoria la próxima semana, pero Roco adelanta: “No quiero disculpas. Nos trató de corruptos. Mi honra no puede aceptar eso”.
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