Jorge Bermúdez continúa su ronda de reuniones para dar solución al conflicto que mantiene con Codelco, y esta vez fue el turno de Cochilco, institución encargada de fiscalizar de manera directa a la minera estatal y que había sido criticado anteriormente por las deficiencias mostradas en el proceso de auditoría que impulsó la Contraloría y destapó irregularidades en contratos por US$ 700 millones.
Todo esto cambió durante la mañana de hoy. Tras la cita, ambas entidades pactaron desarrollar un trabajo conjunto para aumentar el rol fiscalizador de la Comisión Chilena del Cobre sobre Codelco. Así lo explico el vicepresidente de la entidad, Sergio Hernández, quien declaró que un tema tratado fue el "integrarnos en hacer fiscalizaciones más eficientes, aunando criterios, formando mesas de trabajo.
Eso fue el objetivo, coordinar estilos de fiscalización, procedimientos e integración para tener mejores resultados".
Parte de las tareas que realizarán ambas entidades tienen que ver con estas mesas, que consistirán en el trabajo conjunto entre cargos similares de las instituciones "para resolver algunos puntos normativos de interpretación", dijo Hernández, quien agregó "desde luego tenemos que estar en la misma línea".
Consultado sobre si con este tipo de acercamiento es posible evitar el llegar a tribunales, Hernández dijo "yo veo cada vez más cerca la salida administrativa, la salida jurídica y una salida también desde el punto de vista de la eficiencia de la gestión pública".
Junta de accionistas
Además, hoy la administración de Codelco, encabezada por Nelson Pizarro, informó que la junta de accionistas donde se discutirá el marco normativo aplicable a la empresa se realizará el próximo lunes 19 de junio a las 18:30 horas en el piso 11 de la Casa Matriz de la corporación.
Hasta allí asistirán los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y Minería, Aurora Williams, a quienes se les planteará además la estrategia legal que seguirá la minera si es que no se concreta una salida administrativa al conflicto.
Ayer, la minera estatal confirmó al regulador que el efecto que tendrá para la empresa el diferendo interpretativo en el que se encuentra con la Contraloría General de la República alcanza unos US$ 100 millones, los que obedecen a un menor margen operacional por US$ 71 millones, y a un menor gasto en inversiones por US$ 33 millones.
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