Sin acuerdo. Así terminó el último período de conciliación del arbitraje que mantienen SQM y Corfo a raíz de las denuncias interpuestas por la agencia estatal, que exige el fin del contrato de arrendamiento en el Salar de Atacama.
Tras la audiencia, que se extendió por más de dos horas, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, descartó un acuerdo aduciendo a que la empresa no llegó con ninguna propuesta para cumplir con las exigencias de la estatal.
“Esperamos que el tribunal acoja nuestras pretensiones poniendo término anticipado a los contratos. En caso contrario, la cuota de litio autorizada originalmente para SQM se extinguirá completamente a más tardar el año 2023, según la extracción proyectada”, sostuvo Bitran, quien en la jornada de ayer estuvo secundado por el fiscal de la Corfo, Pablo Lagos, y la subgerente legal, Pamela Borquez.
La piedra de tope en las negociaciones, según Corfo, fue la negativa de parte de la empresa terminar con el voto dirimente que tiene el presidente de la compañía, que en el fondo marca el poder de control sobre esta, de manera definitiva, ya que a la fecha existe un pacto firmado por Grupo Pampa y PotashCorp (PCS), en el que eliminan esta figura sólo por los próximos tres años.
En la empresa señalaron que “esta etapa ha concluido sin que se haya llegado a acuerdo entre las partes, por lo que estos procesos continuarán su tramitación normal”.
Agregaron que “SQM reitera su convicción de haber cumplido con sus obligaciones en su relación contractual con Corfo y mantiene su disposición a llegar a un acuerdo que permita generar valor para ambas partes y el país”.
La resolución del conflicto ahora sólo depende de la decisión del árbitro de la causa, Héctor Humeres, y aunque no existen plazos definidos, participantes del proceso apuntan a que la resolución debiese producirse en los próximos 30 días.
Las trabas del controlador
La negociación entre Corfo y SQM no fue fácil. No solo por lo mediática que ha sido, sino también por el nivel de exigencia que puso Bitran, exigiendo la salida de Julio Ponce Lerou del control.
Pero además hubo otros puntos que trabaron una salida alternativa. Un tema importante era aprovechar de ampliar el vencimiento del contrato, fijado para 2030. Bitran fue claro en señalar que esta opción no estaba abierta, dado que -a su juicio-unos años antes de que esa fecha, el gobierno de turno debería impulsar una licitación internacional para determinar el sucesor.
Cercanos a Ponce apuntan a que un gesto como el cese del control debía ir acompañado de una extensión similar al contrato negociado con Albemarle y un escenario de “igualdad de condiciones”.
“Sin ambigüedades, esto es inaceptable, ya que no existe fundamento jurídico, económico, ni de interés público que pueda justificar un trato directo entre Corfo y SQM, obviando la licitación establecida para 2030 en el contrato vigente”, dijo ayer Bitran sobre el punto.
"Estos fallos son tan vinculantes como los de un tribunal"
De no llegar a un acuerdo en una negociación paralela a la causa que lleva Héctor Humeres, las partes tendrán que someterse a lo que dicte el árbitro.
En cuanto a la naturaleza de este tipo de acciones, explica Manuel José Vial, abogado y también árbitro del estudio Vial | Serrano Abogados, este tipo de resoluciones son incluso más vínculantes que las adoptadas por los tribunales.
"Son tan vinculantes como el fallo de un tribunal ordinario de justicia, y más, porque en general se pactan sin recursos, mientras que en tribunales siempre existen más recursos a los que aspirar".
En caso de disconformidad de alguna de las partes, la única opción es presentar un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones, el que de todos modos es en casos muy extremos y difíciles de ganar, cuenta.
"Es la gracia e importancia del arbitraje, porque si vas a todos los recursos que hay para arriba, sería lo mismo que un procedimiento en tribunales con un árbitro especializado, el arbitraje resuelve el problema de una", apunta Vial. En cuanto al radio de acción del árbitro, éste cuenta con la capacidad para exigir el pago de los montos denunciados por Corfo, hasta incluso la devolución de las concesiones mineras y derechos de agua.
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