Andes Iron, dueña del proyecto minero-portuario Dominga, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema en contra de los ministros Eric Darío Sepúlveda Casanova, Jaime
Aníbal Rojas Mundaca y Dinko Franulic Cetinic, del tribunal de alzada de Antofagasta por la dictación, "con grave falta o abuso", de una sentencia adversa a la iniciativa el pasado 20 de febrero.
En términos técnicos, los representes de la compañía -Patricio Leyton Florez y Carola Salamaca- reclamaron que la Corte de Apelaciones nortina "decidió anular todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental en causa rol R-95-2023 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta", instancia que desestimó la decisión del Comité de Ministros de Medio Ambiente que rechazó Dominga.
A raíz de ello, "el presente recurso de queja se interpone por haber incurrido los señores
ministros en diversas faltas o abusos graves al dictar la sentencia", esto porque "se desviaron de forma manifiesta del tenor claro y expreso de la ley, violando un conjunto de normas jurídicas sustanciales −inclusive de rango constitucional− en la decisión del caso".
Por ello, los abogados de Andes Iron piden que la Suprema "adopte las medidas conducentes a remediar estas faltas o abusos graves, dejando sin efecto la
sentencia y confirmando la procedencia y validez del procedimiento de cumplimiento
incidental tramitado ante el Ilustre Primer Tribunal Ambiental (...) y de la sentencia dictada en ese procedimiento por el 1TA (Primer Tribunal Ambienta) el 17 de febrero de 2025".
Uno de los argumentos de los juristas es que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta "infringió la autoridad de cosa juzgada", dado que sobre la materia ya se habían pronunciado el Primer Tribunal Ambiental.
Si se hace, la faena extraerá el mineral desde dos rajos a cielo abierto, Norte y Sur. En operación, proyecta producir 12 millones toneladas al año de concentrado de hierro de alta ley y bajas impurezas (magnetita) y 150.000 toneladas al año de concentrado de cobre. Demanda una inversión de unos US$ 3.000 millones.
En su etapa de construcción, la iniciativa generará unos 30 mil empleos directos e indirectos y en régimen, unos 3 mil trabajos.
Otros caminos
La firma considera que el fallo del tribunal de alzada antofagastino es “procedimental” y no cuestiona aspectos “técnicos y ambientales” del proyecto.
Por de pronto, conocedores del proceso mencionaron que la acción ante la Suprema no es el único camino legal que tomará Andes Iron para defender el proyecto Dominga.
Otras opciones que se barajan es un recurso ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, para cuestionar el último rechazo al proyecto, para lo cual tienen 15 días desde que fueron notificados.
Una segunda alternativa es presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y un último camino es pedir la revisión de la sentencia a la misma Corte de Apelaciones de Antofagasta.
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Valeria Ibarra
