El frente de mal tiempo llegó con todo para el Gobierno, que durante la mañana de este jueves seguía procesando el fallo del Tribunal Constitucional dado a conocer la noche anterior, en el que echó por tierra su principal carta para frenar el proyecto minero-portuario Dominga, de US$ 2.500 millones de inversión.
US$ 20 millones inversión estimada para permisos sectoriales de Dominga
Casi como una ironía de la vida, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se enteró del rechazo de la contienda de competencias que había presentado el Servicio de Evaluación Ambiental -en representación del Comité de Ministros- mientras volaba a Chile desde Niza, donde participó como invitada estrella en la Conferencia de los Océanos de la ONU.
La ministra vocera (s) Aisén Etcheverry expresó que la decisión del TC “no la evaluamos para bien o para mal, sino que es parte de un proceso”, pero en la interna la sensación era de derrota, toda vez que a través de dicho requerimiento La Moneda buscaba impugnar el polémico fallo de febrero del Primer Tribunal Ambiental (1TA) y defender así las atribuciones del Comité de Ministros en su rechazo a la iniciativa.
El TC, en cambio, no zanjó la disputa sobre si el 1TA estaba invadiendo las competencias del Comité al ordenarle al SEA que modificara su resolución -por considerar que incumplió en forma y fondo a la sentencia de diciembre que le ordenó volver al votar el proyecto- y determinó que “el problema no es de competencia y no puede dilucidarse por esta sede, sino que es netamente procesal y su resolución está entregada a los tribunales superiores”.
La Moneda salió a través de sus ministros a expresar su respeto al fallo y la cartera de Medio Ambiente sostuvo que “analizaremos los alcances del texto y las acciones a seguir, considerando que existen recursos pendientes en otras instancias judiciales”.
Pero, de todos los hilos de la maraña del caso, este era el que mayor expectativa generaba en el Ejecutivo. La decisión del TC contó con los tres votos de los ministros María Pía Silva, Raúl Eduardo Mera y Marcela Inés; y el voto en contra de la presidenta (s), Nancy Yáñez, nombrada por este Gobierno. Cabe mencionar que justo un día antes de los alegatos, el ministro Mario Gómez -que se consideraba afín al Gobierno- se inhabilitó, debido a que su hija trabaja en una de las divisiones del Ministerio de Energía.
A juicio del constitucionalista Jorge Correa Sutil, abogado de Andes Iron ante el TC, Dominga “es el caso paradigmático de la permisología que el Gobierno afirma combatir”, por lo que, considerando los 12 años de tramitación de la iniciativa, “resulta contradictorio con ese propósito haber presentado una contienda de competencia que, a todas luces, no lo era”.
Y agregó: “Dijimos que el requerimiento ante el TC era puramente dilatorio y que los Ministros eran responsables de una nueva demora que aumentaba la falta de confianza en la institucionalidad ambiental”.
Andes Iron avanza
La compañía celebró la resolución del TC y le achacó al Gobierno llevar adelante “una estrategia obstruccionista y en desacato de sentencias judiciales firmes”.
Y mientras el caso atraviesa su recta final, Dominga avanza. De hecho, el SEA de Coquimbo cambió recientemente el status de la iniciativa de “Rechazado” a “Aprobado”, tras la solicitud de la empresa que pidió dar cumplimiento con la sentencia del 1TA.
En concreto, la empresa tiene previsto ingresar durante el mes de julio de 2025 el Informe de Factibilidad de Construcción, que corresponde al primer permiso sectorial de un total de 700 permisos que debe tramitar el proyecto, que suponen un desembolso de US$20 millones.
Este informe es un trámite clave que acredita que el diseño de las obras es técnica y económicamente viable, y marca el inicio formal de la tramitación sectorial del proyecto para su construcción, conforme a los estándares comprometidos en la RCA, detallaron desde Andes Iron a DF.
Las cartas del Gobierno
El proyecto también se revisa -por distintas razones- en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Todo indica que el máximo tribunal entregará un veredicto prontamente respecto a los recursos de casación presentados por el Gobierno y distintas organizaciones medioambientales respecto al fallo del 1TA de diciembre que revivió a Dominga.
El pasado 19 de mayo, la Tercera Sala se reunió para dar cuenta de la admisibilidad de los recursos y la decisión sorprendió, porque la causa quedó “En Acuerdo”. Según distintos abogados, lo anterior indica que ya se acordó una decisión, la cual no pinta bien para el Gobierno. El ministro redactor de la sentencia es Jean Pierre Matus.
En la Corte de Apelaciones, el SEA presentó un recurso de apelación para defender que su nueva votación, la de enero de este año, cumplió con lo ordenado y se ajustó a derecho. Conocedores del caso sostienen que es muy difícil que dicha corte falle en favor del Ejecutivo.
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