En un extenso fallo de 68 páginas, la segunda sala del Tribunal Constitucional -con el voto en contra de la ministra Nancy Yáñez- rechazó la contienda de competencia entre el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), como organismo técnico del Comité de Ministros, y el Primer Tribunal Ambiental (1TA), que tiene en el centro al proyecto minero-portuario Dominga, de Andes Iron.
El recurso fue presentado por el Gobierno a través del SEA.
“Nos parece entonces que (...) el problema no es de competencia, y no puede dilucidarse por esta sede, sino que es netamente procesal y su resolución está entregada a los tribunales superiores”, argumentó la instancia constitucional.
El conflicto se desató como consecuencia de un fallo del 9 de diciembre de 2024 del Tribunal Ambiental que ordenó al Comité de Ministros anular una decisión suya que revocó la resolución ambiental de la iniciativa que supone una inversión de US$ 2.500 millones.
La sentencia del tribunal antofagastino dice que la decisión del Comité de Ministros que rechazó Dominga fue “ilegal” e “infringió los principios de imparcialidad y confianza legítima”.
En ese marco emana una resolución del 1TA de 17 de febrero de 2025 en que pide al SEA cumplir ese fallo, pero en términos que para esta entidad resultaron confusos y contradictorios: de ahí que recurriera al TC para dirimir este conflicto de poderes esgrimiendo que hay, en el fondo, una “contienda de competencia”.
Entre los argumentos del TC para rechazar esta colisión de jurisdicciones está que el SEA interpuso a inicios de este año recursos ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta “respecto de la resolución que acogió solo parcialmente la excepción de pago y ordenó la modificación de la resolución del Comité de Ministros”.
El Tribunal señaló que “esa apelación se fundamenta en los mismos argumentos que luego le llevan a intentar la contienda de competencia”.
“Es contradictorio sostener que el Tribunal Ambiental carece de competencia para decidir todos esos extremos ya referidos, porque pertenecen en exclusiva al Poder Ejecutivo a través del Comité de Ministros y, a la vez, pedir al Tribunal Superior ordinario que revise esos mismos aspectos y decida sobre ellos”, hizo ver el TC.
Por lo mismo, insistió en que “no se ha presentado una verdadera contienda de jurisdicción de carácter positivo o negativo, ni constitutiva de una invasión o interferencia de funciones, que este Tribunal Constitucional deba dirimir, sino que el problema planteado dice relación con cuestiones de legalidad interna del proceso judicial, que cabe resolver en la sede ordinaria, por los mecanismos procesales habilitantes para ello y, adicionalmente, ya utilizados por el reclamante”, es decir, el SEA y con ello el Comité de Ministros.
Cabe indicar que la ministra Nancy Yáñez “estuvo por dirimir la contienda en favor del Comité de Ministros”.
Por otro lado, tanto el SEA como organizaciones ambientales detractores de Dominga interpusieron recursos de casación de fondo y forma ante la Corte Suprema por el fallo del Primer Tribunal Ambiental y que aún no se resuelven.
Por su parte, la titular del proyecto, Andes Iron, inició la tramitación de los más de 700 permisos para sacar adelante la iniciativa, dado que cuenta con un permiso ambiental favorable.
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