El oro brilla tanto o más que en las epopeyas de siglos pasados. Con la onza troy en máximos históricos -y con bancos como Goldman Sachs proyectándola incluso en US$ 5.000-, el mundo entero atraviesa una nueva fiebre dorada, con la incertidumbre global como motor de su rol de activo refugio. Pero en pleno siglo XXI, desde África hasta América, el apetito por el metal, ha despertado también su lado oscuro: el auge de la minería ilegal, donde Chile no es la excepción.
Con el 7% de las reservas auríferas del planeta, el mercado del oro en el país es representado en un 6% por la pequeña minería chilena, segmento que es mucho más sensible a las variaciones de precio. Tanto así, que la Empresa Nacional de Minería (Enami) recibió el mes pasado un 150% más de mineral de oro en su planta en Vallenar, comparado con lo que recibía hace dos años. En Copiapó y Ovalle el alza fue de 80%.
“Y creemos que todavía le queda por crecer”, dice a DF el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz. “Hoy vale el doble que lo que costaba hace 30 meses en la calle; es un tremendo negocio”.
Sin embargo, el geólogo revela que están realizando un estudio de informalidad en el sector, justamente “para entender bien cómo esta fiebre por el oro está golpeando a la pequeña minería”. Y agrega, aunque sin adelantar más detalles: “He visto los resultados preliminares y hay niveles preocupantes de informalidad”.

Andrés León, director nacional (s) Sernageomin. Iván Mlynarz, vicepresidente ejecutivo Enami. Rodrigo Illanes, delegado presidencial de la región de Atacama. Fotos: Jonathan Duran y Archivo
Pequeños productores
José Araya, presidente de la Asociación Minera Inca de Oro, cuyos registros datan del 1900 en la Región de Atacama, afirma que si en 2023 el 10% de los pequeños productores auríferos de la zona operaban de manera ilegal, hoy la cifra supera el 30%. “Con el alza del precio se ha visto un aumento de los que trabajan de forma irregular”, dice y sostiene que también han observado bandas del crimen organizado en torno al negocio.
El presidente de la Asociación Minera de Punitaqui, Aldo Gallardo, quinta generación minera de su familia, en la Región de Coquimbo, analiza: si en su zona la producción del precioso metal ha crecido un 50% en el último año, “la minería ilegal ha aumentado al menos un 40%, y va a seguir aumentando con el alza de los precios”.
Ambos históricos dirigentes gremiales advierten que “va a haber cada vez más accidentes por esto, porque la gente entra a antiguos piques a explotar con explosivos de dudosa procedencia”. Sin ir más lejos, en febrero de este año, tres mineros fallecieron en una mina en Copiapó tras un derrumbe provocado por la operación ilegal que estaban realizando en una mina de cobre y oro sin autorización.
Más allá del boom del precio, los dirigentes remarcan que la informalidad se ha visto también impulsada por cambios normativos, como la suscripción de Chile al convenio Minamata de 2017, que prohíbe el uso de mercurio en la recuperación del oro. “No se hizo ninguna innovación o reconversión que pudiera ayudar a los pequeños productores, ha faltado un impulso desde el Estado para nuestra actividad”, enfatiza Araya.
Lo respalda Patricio Gatica, presidente de la Asociación Minera de Illapel, quien dice que “no ha habido ninguna política que incentive una minería legal de oro para aprovechar este boom y espero que se genere la oportunidad con las autoridades a raíz de estos precios”.
Por su carácter ilegal, no hay certeza de qué pasa con el mineral de oro extraído. Distintas fuentes señalan que se refina con mercurio o en empresas más grandes, pero ya sea procesado o no, sale de Chile por la porosa frontera norte.
Fiscalización
¿Y quién fiscaliza? Andrés León, director nacional (s) del órgano fiscalizador de la minería en Chile, Sernageomin, comenta para esta nota: “La minería ilegal, por su naturaleza clandestina y al margen de la ley, no está bajo nuestra jurisdicción de fiscalización. La persecución y control de esta actividad ilícita corresponde a las fuerzas de orden público y al Ministerio Público”.
Subrayó que “la minería ilegal ignora por completo los estándares de seguridad” y que la labor del organismo es fortalecer la formalidad.
Una fuente ligada a la labor policial en Atacama, declara que “efectivamente estamos viendo este fenómeno, pero es realmente complejo fiscalizar en el desierto o entregar cifras que lo dimensionen, porque hay miles de quebradas en toda la cordillera. Nos enteramos de estas operaciones con los accidentes o cuando empresas de oro son víctimas de robos”.
Sobre este último punto, el delegado presidencial de la Región de Atacama, Rodrigo Illanes, dice que “durante estos últimos meses, junto a las policías, el Ministerio Público, los ministerios de Minería y Seguridad, además de las empresas que operan en nuestra región, hemos trabajado de manera articulada en el fortalecimiento de los protocolos y estándares de seguridad internos y externos de cada faena. Hemos podido identificar el modus operandi y las rutas que utilizan las bandas dedicadas a este ilícito”.
Destaca que en el Consejo Regional contra el Crimen Organizado uno de los delitos priorizados fue el tráfico de drogas y el robo en faenas mineras de oro y cobre.
Cabe marcar que en Chile, según cifras a 2024, la informalidad en la minería es menor al 5%, mientras que en Perú la cifra supera el 50%.
Proyección del precio
Según Cochilco, “el mercado del oro se encuentra en una fase claramente alcista”, acumulando un incremento de precios de 39% a julio, en torno a US$ 3.500 la onza. Uno de los factores detrás, es precisamente la oferta minera restringida, pese a que la producción alcanzó un récord de 909 toneladas en el segundo trimestre del año. Sumado a la baja del dólar y su rol como refugio, entre otros, la entidad remarca que cuenta con un sustento estructural y coyuntural que lo mantendrá al alza.