Un verdadero borrón y cuenta nueva realizó la administración de Sierra Atacama, liderada desde fines de 2024 por Minera Salar Blanco (MSB), del empresario Martín Borda. Primero, la empresa reculó y paralizó su plan para intentar modificar su acuerdo de reorganización vigente, aprobado por un juzgado civil de Antofagasta el año pasado. Ahora, la firma, que había sido acusada de incumplir el plan de pago a sus acreedores, se puso al día, según confirmó la interventora.
Sierra Atacama opera un yacimiento de cobre ubicado a 65 km de Antofagasta y -hasta el ingreso de MSB, que es dueño del 93,27% de la minera- era controlada por la sucesión de Víctor Hugo Puchi, fallecido en marzo del año pasado.
La firma comenzó a operar en julio de 2022 y, según dijo en su solicitud de reorganización a principios de 2024 (donde informó pasivos por $ 70 mil millones), el costo de inversión se duplicó por la pandemia y su funcionamiento se retrasó por cerca de un año.
En junio de este año, la compañía solicitó a la justicia citar a una junta extraordinaria de acreedores para modificar el acuerdo de reorganización aprobado en septiembre del año pasado: dijo que, luego que el nuevo accionista tomara su control, detectó que se le ocultó información relevante que le ha impedido la correcta explotación y funcionamiento de la mina.
A fines de ese mes, la interventora a cargo del proceso, Daniela Camus, informó al tribunal, los acreedores y la superintendencia ad hoc del agravamiento de los negocios de la minera. En agosto, comunicó el impago de una de las cuotas a los acreedores estratégicos, con lo cual la firma incumplió su acuerdo de reorganización y se vio al borde de la quiebra.
Pero la situación cambió radicalmente: a fines de agosto, la empresa retiró su solicitud para modificar su acuerdo de reorganización, luego de constatar la existencia de mineral en la faena, lo que, en sus palabras, le “permitirá realizar un cambio de explotación que garantizará un mejor resultado y producción”.
Esto va en línea con la última información que entregó la veedora al tribunal que lleva el proceso: “Con fecha 8 de septiembre de 2025, le consta a esta interventora que la empresa puso al día las cuotas morosas del acuerdo y a la fecha se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones”.
Pendiente está la solicitud de la empresa para reestructurar sus deudas post acuerdo original con sus acreedores. La empresa apeló a una resolución del juzgado civil y el caso será visto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
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