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Publicado: Martes 25 de junio de 2019 a las 16:26 hrs.
El gremio de la minería mostró su solidaridad con el proyecto Mina Invierno luego de que se conociera que los controladores de la iniciativa -las familias Angelini y Von Appen- paralizaran las obras ante los inconvenientes que atraviesa luego de que el Tribunal Ambiental de Valdivia frenara las faenas.
Por medio de un comunicado, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, indicó que "la decisión del tribunal de mantener la medida cautelar que le impide realizar tronaduras bajo 100 metros sobre el nivel del mar, está terminando por asfixiar a esta operación minera".
El dirigenrte agregó que la decisión del tribunal "levanta una alerta en la minería nacional", no solo por la falta de fundamento jurídico sino porque el impedimento de realizar tronaduras, en la práctica, implica el fin de la actividad minera, en este caso en la Región de Magallanes.
"Se trata de un hecho que daña gravemente la confianza en la institucionalidad y el clima para el desarrollo de negocios", sostuvo el presidente de Sonami.
De la misma forma, dijo que esta situación no solo genera un manto de dudas respecto de la imparcialidad de los miembros del tribunal sino que afecta a toda la nueva institucionalidad.
"Aquí se está dañando el marco normativo medioambiental al afectar los actos administrativos emanados de otros organismos pertinentes y echar por la borda recursos tanto privados como públicos y años de tramitaciones para la obtención de los permisos", acotó.
Hernández hizo un llamado al Presidente Piñera y al Congreso a actuar con coherencia en la búsqueda de un camino que permita fortalecer la certeza jurídica y generar las condiciones para el desarrollo de proyectos de calidad y contribuyan al crecimiento y desarrollo del país.
La medición también constató que el 22,2% de las personas asalariadas, independientes y trabajadoras de casa particular percibió haber estado expuesta a conductas ofensivas en su lugar de trabajo.
La inmobiliaria ligada a Jorge Gálmez, que ya vendió 197 parcelas, anunció que evaluará el futuro de otras 75, a la espera del nuevo marco normativo de la ley de parcelaciones, actualmente en el Congreso.
El Consejo de Corfo define qué proyectos de investigación y desarrollo se financian con el dinero de los contratos de arriendo del Salar de Atacama. Hasta ahora, ambas compañías han entregado unos US$ 200 millones.