Ya se cumplieron tres años desde que SQM cerró un acuerdo con autoridades norteamericanas a raíz del caso de platas políticas que sacudió a la minera en 2015 y que implicó, entre otras cosas, una fuerte renovación de la estructura ejecutiva de la sociedad. Y de aquí a octubre, la minera podría dar por cerrado completamente ese capítulo.
El 13 de enero de 2017, la compañía alcanzó acuerdos con el Departamento de Justicia (DOJ) y el regulador de valores (SEC) de ese país, a raíz de los pagos a proveedores y entidades que pueden haber tenido vinculaciones con personas expuestas políticamente entre 2008 y 2015, lo que implicó pagar multas por más de US$ 30 millones y aceptar un monitoreo externo.
Esto surgió luego de que la empresa realizara una investigación interna durante 2015, y otra para determinar si enfrentaba una posible responsabilidad por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero del país norteamericano, donde se fichó al estudio Shearman & Sterling para el proceso.
Tras recibir en diciembre de ese año los resultados, se presentaron de forma voluntaria las conclusiones con las autoridades de Estados Unidos, entregando después documentos e información adicional.
Así se logró el denominado Deferred Prosecution Agreement (DPA), para subsanar las fallas en la mantención adecuada de libros, registros y secciones contables, y que implicaba que el Departamento de Justicia norteamericano no persiguiera los cargos por tres años y luego liberara a la sociedad de responsabilidad si cumplía con los términos acordados.
Según informó la sociedad en sus resultados, ese plazo finalizó el 30 de abril y el 1 de junio, el gerente general, Ricardo Ramos, y el vicepresidente de Finanzas, Gerardo Illanes, “presentaron la certificación con respecto a las obligaciones de divulgación de la sociedad, según lo exige el DPA. La Sociedad espera que el Departamento de Justicia de los EEUU presente una moción para desestimar la información criminal contra la sociedad” ante el Tribunal de Distrito de Columbia antes del 30 de octubre de 2020. “Sujeto a la aprobación de la moción por parte del tribunal, todos los cargos contra la sociedad serán desestimados”, detalló la empresa.
Litio y el Salar de Atacama
En el marco de la entrega de resultados -donde la minera vio caer en 36% sus utilidades el primer semestre-, la compañía abordó en conferencia con analistas los alcances de la decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente de acoger la resolución de la justicia ambiental de revisar un plan de cumplimiento para evitar la multa que había aprobado a la minera.
“Estamos trabajando en modificaciones al plan de cumplimiento de acuerdo a los comentarios del tribunal ambiental y esperamos, y estamos seguros, de que vamos a obtener todas las aprobaciones necesarias del nuevo plan en los próximos meses”, dijo Ramos en respuesta a una consulta.
Además, abordaron la situación del litio, que en el período reportado vio caer sus precios promedio.
“Nuestros planes no están cambiando por la situación”, señaló Pablo Altimiras, vicepresidente Senior Negocios Litio y Yodo al comentar que siguen con su meta de escalar su producción a más de 150 mil toneladas anuales en 2025.
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