En enero recién pasado, Cevdet Caner, director ejecutivo de Global Critical Resources Corporation, estuvo en Salamanca, Región de Coquimbo. Allí, supervisó las operaciones de la Mina Tres Valles, que compró el año pasado en un remate por $ 12.500 millones, y que desde 2020 arrastraba graves problemas financieros. Se reunió con comunidades, autoridades y reafirmó el compromiso de invertir casi US$ 1.000 millones en los próximos años.
Pero en tribunales, la disputa entre ex acreedores de la minera y planta de procesamiento, los dos liquidadores que ha tenido y los nuevos dueños no hace más que seguir subiendo de tono. Al menos cuatro procesos judiciales hay abiertos: la liquidación de la mina aún no se cierra; Kimura, ex acreedor de la firma, pidió la nulidad del traspaso a los nuevos dueños, y en sede penal hay querellas cruzadas por falsificación de instrumento público, entorpecimiento de la liquidación y hasta supuestos pagos que calificarían como coimas.
En el procedimiento de liquidación, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR) presentó en febrero un extenso documento donde objetó la cuenta final que rindió el primer liquidador de la minera, Andrews Hamilton. Uno de los principales cuestionamientos tuvo que ver con un aumento de honorarios que hizo el liquidador y que, según la Superintendencia, estaría viciado y sería ilegal.
“El 29 de enero de 2025, se celebró la 9° Junta Ordinaria de Acreedores (...) En esta se informó y debatió, entre otras materias, sobre la solicitud del liquidador respecto del aumento de sus honorarios, solicitando un monto adicional de $544.190.770.-, por tanto, el honorario total ascendería al monto de $724.677.323”, dice el documento firmado por el abogado de la SIR, Sebastián Urquieta.
Según consta en el acta de la Junta, sigue la Superintencia, solo CMTV, la sociedad a través de la cual Caner hizo la oferta en el remate y que a la vez era acreedor de la minera, aprobó el aumento de honorarios del liquidador, sin que se hubiere dejado constancia de la abstención o votación en contra de los demás acreedores asistentes.
“El hecho que el pago del -supuesto- aumento de honorarios al señor Andrews Hamilton, fuese el mismo día en que éste firmó la escritura de compraventa con el mismo acreedor que se obligó en el aumento de honorarios indicados (CMTV), configura un escenario de interés económico y extra-concursal por parte del liquidador, quien ejerce una función pública”, apunta el escrito de la SIR.
Incluso, la autoridad dice que CMTV tenía un conflicto de interés al ser acreedor y estar en conversaciones para ofertar para quedarse con los activos, por lo que debió abstenerse de votar tanto en la confección de las bases del remate que después iba a ganar como en el aumento de honorarios del liquidador.
“Siendo el señor Andrews un letrado, y respondiendo de culpa levísima en la administración del procedimiento concursal (...) queda en evidencia que el pago del aumento de honorarios -supuestamente- acordado el 29 de enero de 2025 en la 9° Junta Ordinaria de Acreedores, se encontraba íntimamente ligado a la celebración del contrato de compraventa con CMTV, lo que manifiesta el hecho que el señor Andrews Hamilton obtuvo para sí una ventaja económica en el procedimiento de MTV que administraba”, recalca el escrito de la SIR y dice que la figura de honorarios adicionales “sirvió de vehículo para justificar indebidamente la ventaja económica que el señor Andrews obtendría en la administración del procedimiento”.
Incluso, en un proceso de fiscalización que hizo la Superintendencia, pidió el video de la junta donde se le aumentan los honorarios, pero Hamilton informó “que no pudo descargar los videos, que estos se borraron y desconocía el motivo”.
La dura respuesta de CMTV
Los abogados de la Compañía Minera Tres Valles presentaron una dura reposición contra el escrito de la Superintendencia.
“La objeción de la SIR se construye como una pieza argumental que excede su competencia, desnaturaliza la incidencia y pretende introducir en sede judicial conclusiones formadas en un contexto ajeno, con un tono y contenido propios de un litigante y asumiendo como ciertos hechos controvertidos, que son afirmados en este juicio únicamente por la contraparte Kimura y sin haber oído a esta parte”, dice el escrito presentado por el abogado Francisco Aninat y destaca que “construye su presentación sobre premisas fácticas y jurídicas erradas y las trata como si fueran hechos asentados”.
La SIR, continúa la respuesta de la empresa, “formula imputaciones que exceden al ex Liquidador, pero prescinde por completo de la posición y de los antecedentes relevantes aportados por esta parte, pese a haber insistido en ser oída en instancias formales (por ejemplo, vía lobby). Una actuación administrativa que se nutre de una sola versión interesada (la de Kimura, con quien sí tuvo reuniones de lobby), que omite antecedentes contrarios, no considera obligaciones contractuales, y que luego comparece en sede judicial con conclusiones categóricas, no satisface el estándar de motivación, contradictorio e imparcialidad que el ordenamiento exige a un órgano público”.
Uno de los puntos en los que se detuvo la Superintendencia es la supuesta oferta que hizo la empresa Thompson & French y que el liquidador habría ignorado para optar por la que CMTV ganó en remate.
“Lo jurídicamente exigible era respetar la adjudicación y ejecutar la compraventa conforme a las bases, una vez cumplidas sus condiciones. Pretender que el Liquidador debía abstenerse de escriturar por la mera aparición de un “rumor” u oferta tardía no canalizada por el procedimiento concursal acordado equivale a sostener que el órgano concursal debía operar al margen de la ley y de la voluntad de la Junta de Acreedores”, responde Aninat.
“La SIR no se detiene a reflexionar que Thompson & French bien podría haber participado del remate, haciendo ofertas por un monto mucho más bajo del supuestamente ofrecido a MTV, pudiendo, en definitiva, adjudicarse la unidad económica por esa vía y a menor precio. A saber, si Thompson & French estaba dispuesto a pagar US$75 millones, con más razón podría haber pagado los $12 mil millones fijados en las bases de remate, compitiendo y mejorando la oferta de CMTV y sin embargo, no lo hizo. Esa es la ‘seriedad’ de la que hablamos”.
Sobre el aumento de honorarios, la firma dice que “hacemos presente que la validez y legalidad del aumento de honorarios del ex Liquidador y la Junta de Acreedores de 29 de enero de 2025 es materia de un incidente de nulidad y de una querella deducida por Kimura, por lo que no corresponde que la SIR afirme como ciertos y fallados temas actual y judicialmente discutidos”.
Por último, dice que “ninguna ‘observación’ administrativa –menos aún basada en hechos discutidos– puede deshacer o afectar lo que fue válidamente acordado por los acreedores y ejecutado conforme a las reglas concursales y los contratos válidamente celebrados”.
Entre los acreedores aún disconformes con este negocio creen que queda mucho por discutir en tribunales penales y civiles y el objetivo final es retrotraer la adjudicación de Tres Valles a la empresa de Caner.
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Nicolás Durante
