Una minera ubicada entre las comunas de Salamanca e Illapel, en Coquimbo, terminó siendo el foco de una disputa entre inversionistas ingleses, austríacos y rusos, que ahora se transforma en una trenza de querellas penales entre abogados de grandes estudios santiaguinos.
En abril, tras dos años y medio de haber caído en insolvencia, Minera Tres Valles terminó pasando a manos del empresario turco-austríaco Cevdet Caner, que adquirió la firma por US$ 12,8 millones a través de NIU Group, prometiendo invertir más de US$ 750 millones en la faena. Quedaría como controlador a través de la sociedad “Compañía Minera Tres Valles” (CMTV).
Solo un mes después partieron las rencillas. En mayo, el fondo de inversión inglés Kimura -principal acreedor de la minera- inició una ofensiva judicial para anular la venta y repetir el proceso, acusando la existencia de un esquema fraudulento entre Caner y el antiguo liquidador del proceso, Tomás Andrews.
Ingresaron una querella criminal directamente contra CMTV y la abogada que la representaba, María Eugenia Sabbagh, socia de Aninat Abogados. Acusaron administración desleal, corrupción entre particulares y otorgamiento de ventajas indebidas. Particularmente, porque los querellantes denuncian que una sociedad denominada Thompson & French -vinculada a capitales rusos- tenía la intención de adquirir la firma en US$ 75 millones, más de seis veces el valor del remate.
En una junta de acreedores, lograron remover a Andrews como liquidador, y este fue reemplazado por Eduardo Godoy, quien apuntó a que la venta estaba viciada por distintas irregularidades y comenzó a retrotraer el proceso.
La contraofensiva
En un principio, los nuevos dueños de Tres Valles salieron a defenderse de las acusaciones, argumentaron que carecían de fundamentos y que el 94% de los acreedores -incluido Kimura- había aprobado los términos de la compraventa. Ahora, pasaron a la ofensiva.
Con la asesoría penal de un equipo liderado por Jorge Bofill -junto a abogados de su estudio, Bofill Escobar Silva-, Sabbagh, a título personal y en conjunto con CMTV, ingresó una querella al 7° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Kimura y una serie de juristas vinculados al proceso.
En primer lugar, acusan a diversos representantes de Kimura de falsificación de instrumento privado: a los litigantes Diego Abogabir y Nicolás Miranda, socios de Abogabir Miranda; y a Francisco Allendes Barros, socio de Puga Ortiz especializado en derecho minero. La versión de la querella es que Allendes agregó una “condición esencial” en el acta de una junta de acreedores “que jamás fue debatida ni aprobada en dicha instancia, con el solo efecto de preparar un supuesto incumplimiento de las bases del remate”, lo que convirtió a dicho documento en uno “ideológicamente falso”.
Abogabir y Miranda, continúa la acción legal, habrían utilizado dicho documento en distintas presentaciones a la justicia, para sustentar incidencias y recursos.
Con esto, sostiene el escrito, se busca obstaculizar la administración de CMTV de la unidad económica, “provocando así la necesidad de financiar el costo de una defensa judicial, frente al riesgo de ver dejada sin efecto la referida adjudicación”.
La querella no se detiene ahí: también apunta a Godoy como liquidador del proceso, quien ha sugerido suscribir una transacción para dejar sin efecto la adjudicación de Tres Valles y repetir el proceso. Así, la acción penal lo denuncia por estar favoreciendo a Kimura con sus acciones y por “amenazas condicionales de mal no constitutivo de delito”.
Específicamente, lo señala por negarse a emitir facturas correspondientes y enterar el IVA en arcas fiscales, cantidad que -asegura la querella- CMTV ya habría consignado en la cuenta corriente del titular.
Con todo, la querella también se dirige contra la propia Kimura, por sus nexos con todos los delitos acusados anteriormente.
Adelantan nuevas querellas
En respuesta a esta acción legal y ante la consulta de DF, Abogabir, Miranda y Allendes emitieron una declaración conjunta en la que rechazaron categóricamente las “falsas acusaciones” y calificaron la querella como “un acto de intimidación que se sustenta en condiciones que fueron conocidas y aceptadas no solo por la propia CMTV, sino por todos los demás acreedores e incluso el liquidador”.
“La propia CMTV conoció, validó e hizo propio el supuesto documento que alega sería falso, lo que demuestra una evidente mala fe y convierte esta acción en una maniobra desesperada para desviar la atención de los delitos reales que los involucran, que hemos denunciado y que están siendo investigado por el Ministerio Público desde principios de mayo de este año”, lanzaron los abogados.
Asimismo, señalaron que no se verá afectados por dichas presiones y adelantaron que ejercerán acciones por injurias y calumnias contra los responsables.
Por su parte, Godoy, como liquidador, declinó hacer comentarios y sostuvo que no le correspondía realizar ese tipo de intervenciones en su rol como funcionario judicial.
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