La Comisión de Salud del Senado fue el escenario para que hoy martes las autoridades de Salud, encabezadas por la ministra Ximena Aguilera, contrastaran visiones públicamente con la Asociación de Isapres tras el reciente fallo de la Corte Suprema por la aplicación de las tablas de factores a los planes que implican adecuar este mecanismo al modelo vigente que se aplica desde 2020 y con ello devolver los cobros en exceso en los casos que el regulador finalmente determine.
Junto al análisis de las implicancias que tendrá para la industria el aterrizaje del dictamen por parte de la Superintendencia de Salud, uno de los puntos centrales de las preguntas tratadas en la reunión fue determinar el impacto financiero para las isapres y su viabilidad un escenario con pérdidas cercanas a los $ 150 mil millones a septiembre pasado.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, entregó un primer cálculo basado sobre el efecto que tiene una de medidas que instruyó la Tercera Sala del máximo tribunal: la exención de la tabla de factores para todos los menores de dos años, ya que quedan acogidos a la cobertura del sistema GES.
“En una estimación gruesa, se ha llegado a la conclusión de que el impacto que esto tiene es tremendamente fuerte para el sistema, con una baja en los ingresos del orden de $40 mil millones anuales", indicó el representante gremial en su exposición, en la cual insistió en que “cualquier medida que, eventualmente, pueda tener un efecto en la situación financiera lo que hace es agravar esta situación".
No obstante, y ante la insistencia de los integrantes de la comisión –que encabeza el senador Francisco Chahuán- tanto el gremio como las autoridades desestimaron realizar una estimación global más precisa de las consecuencias financieras del fallo. Esto, a pesar de que en las últimas semanas habían circulado versiones extraoficiales con cálculos en niveles de US$ 1.000 millones a nivel de la industria -tanto por menores ingresos futuros como de las devoluciones con efecto retroactivo-, por lo cual se anticipaba una nueva crisis con ceses de operaciones de firmas en cuestión de meses.
La Superintendencia de Salud tiene el mandato de aplicar el fallo en un plazo no mayor de seis meses. En este escenario, Gonzalo Simon insistió en que esta implementación “tiene que ser correcta, adecuada, prudente y oportuna”, y llamó a la autoridad a dar a conocer los contenidos de este proceso en un plazo "relativamente corto" para así contener “la incertidumbre que esta situación está generando en las personas, en los afiliados, en los prestadores de salud y en las isapres”, reiterando que “se necesita certeza para poder seguir operando de aquí en adelante".
Simon insistió en que las isapres “no están buscando un salvataje ni un rescate”, sino que se busca “una implementación de la sentencia que no provoque el cierre del sector privado de salud".
Si bien reconoció el impacto económico que "puedan tener las isapres" con motivo del proceso de implementación del fallo, el Superintendente de Salud manifestó que el regulador llevará adelante esta tarea con "con algunas connotaciones, de racionalidad y de prudencia, que me parecen fundamentales para evitar un efecto económico".
Asimismo, reiteró el diagnóstico del organismo que dirige en cuanto a que las isapres siguen cumpliendo hasta la fecha con los indicadores financieros que exige la normativa vigente.
También saliendo al paso de las versiones que alertan respecto de las consecuencias que tendría la quiebra de una o más aseguradoras, la ministra de Aguilera sostuvo que "como Gobierno nos vamos a hacer cargo de esta situación, y vamos a resguardar principalmente los derechos de los afiliados de las isapres, resguardando que mantengan una protección, y de que el espíritu del trabajo del Gobierno es siempre en un sentido en el que existe una colaboración público-privada".
Al mismo tiempo, deslindo responsabilidades en la compleja situación de la industria por parte de la actual administración, indicando que "ésta es una situación que está larvada desde hace varias décadas ya, y que es producto de un modelo de negocios que se ha judicializado en sus diversos aspectos, y que eso se ha ido arrastrando a través del tiempo y que no hemos provocado nosotros como Gobierno".
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