Analizando la decisión de la Contraloría de no tomar razón a la modificación del reglamento que obliga a las empresas de telecomunicaciones a almacenar por un periodo de dos años los datos de llamadas, mensajes y tráfico de internet de sus usuarios, más conocido como “decreto espía”, se encuentra el gobierno. Esto, con el fin de pedirle mayores explicaciones al organismo fiscalizador de por qué decidió no dar curso a la propuesta de la Subsecretaría del Interior.
El subsecretario Mahmud Aleuy explicó que a su juicio los cambios se apegan a la normativa y lo que se busca es otorgar mayores herramientas para combatir la delincuencia.
Explicó que el país debe abordar cómo se enfrentan los fenómenos delictuales futuros, donde la información derivada de la tecnología jugará un rol central. “Hay que tener una normativa para poder enfrentar esto”, dijo Aleuy tras ser consultado.
Según explicó, la respuesta que entregó Contraloría fue “escueta” por lo que van a pedir que explique los argumentos. “Estamos pidiendo que nos diga los argumentos, la fijación solo de leyes genéricas no es suficiente para entender una respuesta como esta. Lo estamos analizando con los abogados y una vez que tengamos una opinión fundada y definitiva, vamos a hacer los planteamiento a la Contraloría”, señaló.
La modificación del decreto de la Subsecretaría de Telecomunicaciones busca ampliar la preservación de los datos de todos los clientes de las compañías de telecomunicaciones desde seis meses a dos años. Esto, con el fin de otorgar mayor tiempo a las investigaciones judiciales, que requieren de estos datos para perseguir delitos.
Para elaborar la propuesta se instauró una mesa técnica junto a las empresas, las mismas que advirtieron que algunos artículos serían inconstitucionales, por lo que se requeriría una modificación legal y no simplemente de un reglamento.
“Nuestro juicio es que estas modificaciones están acorde a la ley. El problema es que el reglamento actual establece seis meses y las investigaciones duran por lo habitual más de seis meses, entiendo que dos años produce un problema financiero a las empresas para guardar los datos”, explicó Aleuy.
Frente a la posibilidad de tramitar una modificación legal en vez de la vía administrativa, la autoridad aseguró que esto se demoraría más. “La modificación legal puede ser también una posibilidad, pero los fenómenos delictuales no esperan que las leyes sean aprobadas, crecen día a día. De todos modos, creo que es un problema de dialogar más y eso vamos a hacer”, dijo.
Observaciones de la industria
Representantes de empresas de telecomunicaciones y de la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) han mostrado su desacuerdo con los cambios al decreto que está impulsando la autoridad. El gremio se hizo parte en la Contraloría para entregar sus argumentos de por qué la modificación requiere de una discusión legal más profunda y no un trámite administrativo. Ya en junio, las empresas hicieron llegar a la mesa que trabajó el tema sus objeciones.
Un documento al que tuvo acceso Diario Financiero, evidenció al menos 17 observaciones de la industria con la propuesta de modificación al decreto que impulsa Aleuy.
Destacan entre ellas las facultades que se le entregan a los auxiliares de justicia y que no son quienes lideran las investigaciones. Hasta ahora las compañías reportan al funcionario que lidera la investigación y no otros integrantes de la cadena. “Debe quedar claro que el enlace es el funcionario de la empresa que se relaciona directamente con la autoridad (sea el fiscal, el fiscal militar, etc.), sin intermediarios en los auxiliares de justicia”, cita el informe.
Otro punto que cuestionan es el tipo de información que deberán almacenar y disponibilidad ante el requerimiento de las investigaciones. Si bien el reglamento establece que deberán registrarse mensajes, signos, escritos, imágenes, sonidos e información, las compañías pidieron “acotar esta información al ámbito de gestión de la empresa: servicio telefónico y de acceso a internet”.
Un tercer punto es la exigencia de que las empresas dispongan de recursos humanos y técnicos permanentes, de tal forma que puedan atender los requerimientos de interceptación que se le soliciten en cualquier horario y circunstancias, las 24 horas del día y 365 días del año, debiendo establecer los enlaces necesarios con los demás intervinientes en el proceso. Para esto, a juicio de las empresas, se debieran implementar urgencias para horarios inhábiles.
También se pide que se establezcan las responsabilidades ante posibles hackeos y que se determine a la autoridad a cargo de la investigación el enlace con que la empresa debiera tener contacto.
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