Volvieron a respirar al interior de La Polar tras recibir la respuesta de la Corte de Apelaciones sobre el alcance de la medida de prohibición dada a conocer el pasado viernes 6 de enero.
La Séptima Sala precisó que “la medida precautoria solicitada se limita a los bienes que son objeto del juicio y tiene por objeto asegurar el resultado de la acción, lo que limita lo pedido a las personas que representa el abogado peticionario don José Tomas Fabres Bordeu”.
En palabras simples la resolusión sólo rige para los 1.000 clientes a quienes representa Fabres y no al millón de personas que son parte de la demanda colectiva que lleva adelante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Eso sí, el tribunal hizo la salvedad de que la solicitud de la compañía no era necesaria, puesto que la Corte siempre determinó que la precautoria se limitaba a 1.000 personas.
Si bien esta respuesta no significa que el problema más grave de las multas está solucionado sí es un gran alivio para la firma. Esto porque la caja de la compañía se mantiene intacta y no se requiere de provisiones adicionales, situación que facilita mucho más las cosas porque permite que la compañía siga funcionando mientras trabajan en el aumento de capital.
Además, la ratificación de la Corte de Apelaciones autoriza que La Polar continúe con el proceso de recaudación del resto de clientes. De hecho muchos de los esfuerzos de la actual administración están puesto en esta causa. De acuerdo lo señalado por el gerente general del retailer, Patricio Lecaros, en una entrevista publicada el 9 de enero, una de las metas de la firma para este año es “recuperar unos 200 mil clientes que alguna vez ocuparon la tarjeta”.
No todo está perdido
Demandas colectivas emblemáticas por infracciones a la Ley del Consumidor, -como la de Cencosud y la de Banco Estado-, llevan un largo proceso sin llegar a buen puerto, por lo que finalmente tuvieron que llegar hasta la Corte Suprema para tener una resolusión.
Con este precedente no es muy alentador el escenario que podría venirse para La Polar, pues en caso de que la justicia se tome los mismos tiempos el aumento de capital por unos US$ 250 millones, previsto para julio, de este año podría caerse y quebrar la compañía.
Sin embargo, no todo está perdido. El convenio judicial preventivo considera un plazo adicional de tres meses, posterior al 31 julio, para realizar la inyección de capital fresco, lo que entrega un poco más de tiempo para resolver la contingencia con el Sernac. Además, cercanos al retailer aseguran que bajo ese escenario tiene caja para esperar.
Es más agregan que este punto se conversó el lunes pasado cuando los acreedores se reunieron con la administración de La Polar, en carácter de urgencia.
Es por ello que el escenario ideal que podría enfrentar La Polar es que el Sernac no postergue el proceso de conciliación que establece la misma Ley del Consumidor y logren llegar a un acuerdo lo antes posible.
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