El ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari fue condenado hoy a quince años y cuatro meses de prisión por su implicación en la red de corrupción que operó en la empresa estatal Petrobras, informaron fuentes judiciales.
Según la sentencia difundida por el juez federal Sergio Moro, que convierte al extesorero del PT en el primer político condenado por este caso, Vaccari fue hallado culpable de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.
Vaccari, de 56 años, fue tesorero del PT, al que pertenecen la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva, hasta abril pasado, cuando dimitió después de ser detenido por la Policía Federal en el marco de la investigación de las corruptelas en la petrolera estatal.
Además, el juez Moro condenó a 28 años de prisión al exdirector de Servicios de Petrobras Renato Duque y dictó penas que van de 9 a 18 años de cárcel a otros ocho acusados en este caso.
El "caso Petrobras" salpica a una veintena de grandes empresas privadas, las cuales, según las autoridades, obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus valores y luego repartían las diferencias con exdirectores de la estatal y políticos que amparaban el fraude.
Por este asunto también está bajo investigación medio centenar de políticos, en su mayoría de la base de apoyo al Gobierno de Dilma Rousseff, incluidos los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros.
Asimismo, las autoridades sospechan que parte del dinero obtenido por la red que operó en Petrobras pudo haber llegado a la campaña que el año pasado llevó a la reelección de Rousseff, lo cual también se investiga.
Del mismo modo, la Policía Federal ha pedido autorización a la Corte Suprema para interrogar a Lula, porque existen sospechas de que el exmandatario también pudo haber obtenido beneficios de la vasta red de corrupción que operó en la petrolera estatal.
Según ha admitido la propia Petrobras en sus balances, la red de corrupción operó al menos entre 2004 y 2014, período en que desvió de forma ilegal unos 2.000 millones de dólares.
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