La fiscal chavista que se convirtió en férrea opositora a Maduro

En marzo pasado, Luisa Ortega Díaz sorprendió al mundo alertando sobre la ruptura del orden constitucional en Venezuela y luego en mayo rechazando abiertamente la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.

También se atrevió a confirmar la muerte de manifestantes por “el uso excesivo de la fuerza de los organismos de seguridad”, mostró su “preocupación” por que haya civiles que estén siendo juzgados por tribunales militares, y se convirtió en la primera funcionaria pública de alto nivel en reconocer el descontento social por la escasez de productos básicos y servicios.

“Salgan y vean las filas fuera de las panaderías (…) yo salgo de mi casa y veo cuatro o cinco filas. Vean los alrededores de los supermercados. Intenten encontrar medicinas para la hipertensión o para el glaucoma”, exhortó la semana pasada en una de sus ruedas de prensa.

En este tiempo, se ha enfrentado una y otra vez con quienes en otrora fueron sus aliados. Ha denunciado que en Venezuela existe el “terrorismo de Estado” e incluso aseguró estar dispuesta a “defender hasta con su vida” la Constitución que el actual mandatario pretende reformar.

Así, la titular del Ministerio Público se ha convertido en una muy rara especie en la Venezuela de hoy: una voz disidente al frente de una de las principales instituciones estatales, luego de haber sido acusada, por años, de ser la encargada de blindar las más controversiales acciones de Hugo Chávez en contra de sus adversarios.

Chavismo crítico

En Venezuela todo cambió desde la muerte del líder de la revolución. Quien había sido su mano derecha pasó a liderar el Ejecutivo con la bandera de “defender y proteger al chavismo”. Sin embargo, el gran deterioro en el que se sumió rápidamente la nación, producto de políticas equivocadas, ha desencadenado la mayor crisis en la historia del país y, con ello, la aparición de algunas voces críticas desde adentro.

Lo que nunca se pensó es que una de ellas sería la de la propia fiscal general de la república, quien durante sus diez años en el puesto había sido un perfecto ejemplo del control del chavismo sobre las instituciones del Estado. Desde su despacho nunca desafió la actuación de algún funcionario y la fiscalía era una institución tan cerrada como cualquier otro ministerio.

Su repentino cambio de postura desató el más duro rechazo de los seguidores de Maduro, y la dejó con sus cuentas bancarias congeladas y con una orden de prohibición de salida del país “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.

Pero además, ahora se enfrenta a un Tribunal Supremo de Justicia –que ella misma ha denunciado como “ilegítimo”– que intenta en venganza minar su poder y preparar el camino para su eventual destitución.

De hecho, la semana pasada la institución movió sus piezas y designó a Katherine Harrington como nueva vicefiscal, con miras a ser el reemplazo definitivo de Ortega luego de que (probablemente) se lleve a cabo un antejuicio de mérito en su contra.

Metamorfosis

Por lo pronto, la abogada de 59 años se ha convertido en una suerte de ídolo de la oposición, pues su metamorfosis ha puesto a sudar frío a más de uno dentro del régimen.

No solo desnudó las decisiones del oficialismo para concretar un Estado totalitario y desmintió el carácter pacífico e institucional que desde el Palacio de Miraflores se pregona, sino que dejó abierta una fisura en el Ejecutivo que los adversarios utilizan para convocar a otros a que sigan su ejemplo.

Sin embargo, aún hay muchos que dudan de si ésta es una movida oportunista ante un colapso del gobierno que avizoran inminente, tomando en cuenta su historial.

Ortega está casada con un diputado chavista -Germán Ferrer-, fue confidente cercana de Chávez durante todo su mandato y fue una de las funcionarias que estuvo en primera fila, al lado del “comandante”, en su funeral.

Además carga en su hoja de vida el haber formado parte del grupo de fiscales que acusó y pidió la máxima pena contra un grupo de policías de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, señalados por el oficialismo como los responsables de ordenar y de abrir fuego en contra de la enorme protesta de abril de 2002, que derivó en la fugaz salida de Chávez del poder.

En este juicio, el más largo de la historia venezolana –y con reiteradas denuncias de inconsistencias procesales–, fueron condenados los primeros presos políticos del chavismo, muchos de ellos aún en prisión.

Luego, en 2014, lideró la sentencia que mantiene en una cárcel militar al líder opositor Leopoldo López, cumpliendo una condena de más de catorce años.

Por ahora, la fiscal chavista que pasó a ser una férrea opositora se debate entre ser una víctima más de la crisis política venezolana o el detonante que la solucione.