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REGÍSTRATE AQUÍBusca que los diputados "voten, faciliten y agilicen el proceso y que haya lo más rápido posible un 'impeachment' a la presidenta".
Por: EFE
Publicado: Jueves 17 de marzo de 2016 a las 19:43 hrs.
El mayor y más influyente gremio empresarial de Brasil anunció que aumentará la presión sobre los parlamentarios del Congreso para que promuevan lo más rápido posible un juicio político para destituir a la presidenta Dilma Rousseff y cuyos trámites retomó hoy la Cámara de Diputados.
El presidente de la Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, informó en una rueda de prensa que, a partir de la próxima semana, las entidades que conforman el gremio "se concentrarán en el Congreso Nacional para concienciar a los diputados" a favor del juicio contra Rousseff.
La acción de la Fiesp busca, en palabras de Skaf, que los diputados "voten, faciliten y agilicen el proceso y que haya lo más rápido posible un 'impeachment' a la presidenta" para que "el país salga de ese círculo vicioso de desempleo, de paralización de la inversión y de total falta de confianza y control".
La Cámara de Diputados eligió hoy a los 65 miembros de una comisión especial que definirá si existen méritos jurídicos para que se abra un juicio con miras a la destitución de Rousseff, un trámite promovido por la oposición y que se basa en supuestas irregularidades fiscales cometidas en los balances de 2014 y 2015.
"Si tomamos el conjunto de hechos ocurridos, por mucho menos, por un 1 %, muchos gobernantes en el mundo o renuncian o algunos incluso se llegan a suicidar", aseveró Skaf, quien agregó: "no estoy proponiendo eso".
El dirigente del poderoso gremio empresarial descartó la posibilidad de impulsar una huelga general porque, dijo, "es momento de ser pragmáticos y ya existe mucha confusión en el país".
Skaf forma parte del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la principal fuerza política del país, pero pertenece a las alas díscolas de la formación, la cual se dio el pasado fin de semana un plazo de 30 días para decidir si abandona el Ejecutivo.
La ruptura del PMDB -liderado por el vicepresidente Michel Temer- con el Ejecutivo podría ser crucial de cara al eventual juicio político contra Rousseff y, según Skaf, no tardará en producirse.
"Temer convocará una reunión en cualquier momento, puede que incluso hoy y creo que se tomará la decisión de desembarcar del Gobierno y retirar todos los cargos", opinó Skaf, quien garantizó que dicha decisión se tomará antes de que se venza el plazo máximo establecido por la directiva.
De cumplirse, el PMDB seguiría la estela del Partido Republicano, que abandonó al Ejecutivo este miércoles a raíz de un nuevo escándalo en torno a la mandataria y a su antecesor, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió hoy el ministerio de la Presidencia, la cartera más influyente del gabinete de Rousseff.
Sin embargo, una decisión cautelar tomada por un juez federal de Brasilia anuló el nombramiento, tras lo que el Tribunal Supremo dio cinco días de plazo para que la Fiscalía, el Gobierno y el abogado del Estado presten informaciones antes de analizar las demandas.
Opositores sostienen que Lula no puede ser nombrado ministro al estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.
Las acciones fueron presentadas por los opositores Partido Socialista Brasileño (PSB) y Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
El panel que reunió, entre otros, al director general de ProChile, la presidenta de la Sofofa y el gerente general de Metro, analizó el rol de las PYME y la colaboración público privada para el desarrollo del país.
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
B-Conex es una iniciativa transnacional que creó Ovalle Consejeros Legales junto a sus pares de Uruguay y Argentina, Castellán y PASBBA -respectivamente- y donde acaban de anexar al estudio CSA Advogados, con sede en São Paulo.
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
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