El pleno del Parlamento Europeo rechazó la nueva normativa europea sobre derechos de autor, que había generado una fuerte polémica porque, entre otras cosas, obliga a las plataformas digitales como Google, Youtube o Facebook a supervisar que los contenidos que los usuarios comparten a través de ellas, no infrinjan normas de copyright.
La Eurocámara tumbó el texto aprobado el 20 de junio por la comisión de Asuntos Jurídicos y bloqueó así el inicio de las negociaciones con el Consejo de la UE, la institución que representa a los Estados miembros.
En concreto, 278 eurodiputados votaron a favor de comenzar las negociaciones con los países, mientras que 318 se opusieron y 31 se abstuvieron. Los eurodiputados deben pactar ahora una nueva postura negociadora, que será debatida y sometida a votación en el pleno de septiembre.
Durante los días previos a la votación se ha expandido por las redes sociales una fuerte crítica a las nuevas reglas bajo la etiqueta #saveYourInternet, que se ha centrado en dos artículos concretos, el 11 y el 13.
Este último obligaría a las plataformas digitales a controlar que los contenidos que comparten los usuarios no infrinjan derechos de autor. El artículo 11, en tanto, otorga a los medios de comunicación derechos para reclamar compensaciones a aquellas plataformas digitales en las que se compartan sus artículos o fragmentos de los mismos, con el objetivo de que los editores de noticias puedan obtener una remuneración "justa y proporcionada".
Algunos actores de la industria han advertido que estas normativas representan el fin de una Internet libre, lo que llevó a Wikipedia, la enciclopedia colaborativa online más grande del mundo, a suspender sus operaciones durante 36 horas, como una forma de llamar la atención sobre el tema.
Sin embargo, otros expertos destacan que las medidas solo buscan resguardar el derecho de los medios, que invierten recursos en producir contenido, pero que no reciben los ingresos generados por estos. Los cambios provocados por la nueva economía han llevado así al cierre de numerosas empresas editoras, lo que a la larga representa una amenaza para la libertad de prensa, y por ende también para la de expresión.
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