La Cámara de Diputados de Argentina
comenzó a debatir hoy el esquema de impuestos a la exportación de
granos, que desde hace casi cuatro meses es objeto de un duro pulso
entre el Gobierno y el sector agropecuario.
En la sesión, que se inició con varias horas de demora, la
mayoría oficialista buscará ratificar las retenciones móviles
dispuestas en marzo último por el Ejecutivo, que cuentan con el
rechazo de las patronales del campo y sectores de la oposición.
Mientras, miembros de agrupaciones afines al Gobierno argentino
se concentraron en las inmediaciones de la sede del Parlamento, que
fue rodeada por un vallado y es custodiada por decenas de efectivos
y vehículos policiales.
Horas antes del inicio del debate, las asociaciones rurales
advirtieron que existen "muchas posibilidades" de que reanuden las
protestas que llevaron a cabo en los últimos meses en caso de que
los diputados aprueben el proyecto impulsado por el Ejecutivo.
La iniciativa, que en caso de ser aprobada por la Cámara de
Diputados deberá pasar por el Senado, mantiene el esquema impositivo
que rige desde marzo para las exportaciones de soja, maíz, trigo y
girasol, pero amplía las compensaciones que ya había dispuesto el
Gobierno para los pequeños y medianos productores.
La mayoría de los legisladores de la oposición y algunos del
oficialismo se alinearon detrás de un proyecto que reduce la carga
impositiva, mientras que otras fuerzas y los dirigentes agrarios
directamente proponen suspender la aplicación de las retenciones
móviles.
"No es posible que si en el Congreso las cosas no salen como
quiere el campo está todo mal. No se puede reclamar que actúen las
instituciones y cuando actúan y no hacen lo que yo quiero,
enojarme", remarcó el jefe del Gabinete, Alberto Fernández.
Tras varias horas de arduas negociaciones, el oficialismo logró
reunir el quórum necesario para abrir la sesión en la Cámara de
Diputados, que tiene 257 miembros y donde se presume que el debate
se extenderá hasta las primeras horas del sábado.
"Con el proyecto del Gobierno no se resuelve el problema, ya que
sigue siendo confiscatorio y no va a fondo con la situación de los
pequeños y medianos productores", remarcó el presidente de la
Federación Agraria, Eduardo Buzzi.
Luego de que en marzo el Ejecutivo aumentó la presión fiscal
sobre las exportaciones de granos, las organizaciones del campo
hicieron cuatro huelgas comerciales y bloqueos de carreteras que
causaron desabastecimiento de alimentos y materias primas para la
industria.
Después de más de cien días de protestas del sector rural y
varios "cacerolazos" en las ciudades más pobladas, la presidenta del
país, Cristina Fernández, puso la medida a consideración del
Parlamento.
En la sesión que se inició esta noche, los diputados también
someterán a debate proyectos para modificar las leyes de
arrendamiento de tierras destinadas a la agricultura y de emergencia
agropecuaria.
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