Autoridades argentinas quieren terminar con el secreto bursátil

Los operadores argentinos deberán enfrentarse a una nueva disposición impuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF) para controlar el lavado de dinero: tendrán que informar las compras o ventas de acciones o títulos públicos por montos mayores a 40.000 pesos argentinos (US$ 10.000) mediante una declaración jurada sobre el origen y la legalidad de los fondos.

La medida tomó por sorpresa a la mayoría de los agentes y sociedades de bolsa, los que tildan de excesivo el proceso que se debe hacer en cada operación. No sólo va a generar burocracia y retrasar las operaciones, también va a provocar mucha duda en el cliente, que va a preferir meter su dinero a plazo fijo bancario, donde no se le pide declaración jurada, comentaron operadores al diario argentino El Cronista.

Otra regla que les molesta a los agentes es el estrecho plazo de 30 días para informar de operaciones sospechosas de lavado de dinero, ya que ante la avalancha de reportes, habrá problemas de eficiencia en los seguimientos de los informes.



Eliminación de secreto bursátil

Esta disposición antecedió a una idea que ronda hace semanas el Ministerio de Economía que busca reformar una ley para permitir la eliminación del secreto bursátil, lo que facilitaría coordinar la supervisión del sistema financiero en su conjunto y prevenir delitos e incumplimientos en asuntos de uso de información privilegiada, manipulación de mercado, cambiaria, impositiva y otros temas relacionados con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Esta modificación, que sería enviada al Congreso apenas termine el receso, podría formar parte del plan con el que el gobierno de Cristina Fernández buscará revertir en las próximas semanas las críticas que le formuló a fines de 2010 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por la falta de control en el país sobre maniobras que podrían estar vinculadas al lavado de dinero. Para ello, la comitiva de la Unidad de Información Financiera (UIF) que viajará a París el 20 de febrero a la reunión del GAFI podría incorporar como un punto a favor el análisis del proyecto en el Congreso.