La condena a muerte para la notoria empresaria china de 29 años, Wu Ying, está provocando un caos en Internet, con muchos cuestionando si el castigo es proporcional al delito de fraude que ella cometió.
La decisión anunciada el miércoles de la semana pasada por un tribunal de Zhejiang también ha suscitado un intenso debate sobre temas como si la empresaria recibió un trato justo en comparación con los funcionarios corruptos, las dificultades de las compañías privadas chinas para conseguir financiamiento debido a las políticas del gobierno, y si es razonable mantener la pena de muerte por crímenes económicos.
La dramática vida de Wu ha estado en los medios desde que se convirtió en una millonaria, a los 25 años. Comenzó trabajando en el salón de belleza de su tía y luego creó al gigante Bense Holding Group.
Sin embargo, el cuento de hadas terminó en febrero de 2007, cuando fue arrestada. El tribunal sentenció a Wu a muerte por fraude, diciendo que recaudó ilegalmente hasta 770 millones de yuanes
(US$ 121 millones) del público usando engaños y altas tasas de interés.
La decisión inmediatamente atrajo la simpatía del público, ya que se cree que Wu fue sólo una víctima de las actuales políticas de gobierno, que hacen muy difícil a empresas privadas pedir prestamos a los bancos. Wu admitió que recaudó fondos ilegalmente, pero sólo cuando el negocio iba mal, y negó la intención de fraude.
“Según la actual definición de recaudación ilegal de fondos, todo el dinero prestado por los inversionistas podría ser ilegal, si es hecho sin la aprobación de las autoridades. Este cargo sólo da a las autoridades el derecho de monopolizar el sistema financiero y bancario de China, pero hace poco por ayudar a las pequeñas y medianas empresas para recaudar dinero para sus negocios”, señaló el profesor Hu Xingdou de la Universidad de Tecnología de Beijing.
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