Tras meses de señales y preparativos, Antonio Jalaff concretó su arremetida legal por la venta de su participación en Grupo Patio en medio de las implicancias por su vinculación en el Caso Audio-Factop, por el cual más tarde fue formalizado.
Este lunes, el empresario ingresó ante el Cuarto Juzgado de Garantía una querella por el delito de estafa contra todos quienes resulten responsables, denunciando hechos que involucran a los actuales accionistas de la compañía y la firma Econsult, que realizó la valorización de la empresa para la operación.
El documento es patrocinado por el penalista, Ciro Colombara, en conjunto con el equipo que integra la defensa de Jalaff en el Caso Audios-Factop, Cedric Bragado y Leonardo Battaglia.
“Entre 2021 y 2024, me vi enfrentado a una compleja situación patrimonial que me obligó a estructurar un mecanismo de reorganización destinado a satisfacer íntegramente a mis acreedores”, comenzó el relato de Jalaff en el texto.
En esta línea, “contando con la asesoría especializada de LarrainVial, se constituyó un fondo de inversión privado (Fondo Capital Estructurado I), cuyo activo subyacente era mi participación indirecta en Grupo Patio, empresa de la cual soy fundador y fui su vicepresidente ejecutivo”, señaló Jalaff.
“No obstante lo anterior, y tras la irrupción pública del denominado ‘Caso Audios’, en noviembre de 2023, los restantes accionistas del Grupo Patio iniciaron una intensa y sostenida campaña de presión en mi contra y en contra de mi familia, con el propósito de forzar la enajenación de mi participación en la sociedad”, denunció.
El informe
Así, Jalaff aseguró que, a partir de enero de 2024, “se estructuró un proceso de venta acelerada de mis acciones, el cual culminó en la suscripción de una operación que se concretó bajo condiciones profundamente desventajosas para mí, sin que yo pudiera saberlo en ese momento”.
Detalló que el precio de venta “impuesto” para la operación se determinó exclusivamente sobre la base de un informe de valorización elaborado por la consultora Econsult.
“Dicho informe no fue solicitado por mí, sino que su elaboración fue promovida y financiada por los mismos interesados en adquirir mi participación accionaria, encargado después de remover a mi hermano, Álvaro Jalaff Sánz como CEO de la compañía y confeccionado en tiempo récord”, afirmó la querella.
De acuerdo al denunciante, el documento “construyó una imagen económica completamente distorsionada y artificialmente depreciada del Grupo Patio, utilizando artificios que resultaron idóneos para inducirme a error, haciéndome creer que el valor de mi participación era muy inferior al que realmente tenía”.
“Esta maniobra -que fue ideada, organizada y ejecutada por quienes terminaron adquiriendo mi participación- generó un perjuicio económico directo, tanto para mí como para mis acreedores, quienes dependían del valor real de esas acciones para la satisfacción íntegra de sus créditos a través del fondo”, afirmó.
Para Jalaff, “la diferencia entre el valor justo de mercado y el precio efectivamente pagado por las acciones asciende a aproximadamente UF 700.000, lo que representa una pérdida porcentual de 55% respecto del verdadero valor económico del activo en cuestión”. Es decir, el perjuicio patrimonial sería de unos US$ 28,25 millones.
La presunta estafa
A ojos del empresario y su equipo legal, “lo ocurrido configura de manera clara e inequívoca el delito de estafa”.
“A través de una maquinación fraudulenta, se logró consumar la venta de una participación accionaria de alto valor económico, simulando condiciones de mercado que nunca existieron y provocando en mí un error esencial respecto del verdadero precio del activo enajenado”, precisó la querella.
Según el denunciante, la operación se habría realizado “con el propósito evidente de obtener un beneficio económico ilegítimo a costa mía y de mis acreedores”.
Mientras que, detalló el documento, ante el perjuicio patrimonial de US$ 28,25 millones, excedería la cifra que permite prever una pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de UTM 300 a UTM 500.
En la misma línea, aseguró que caería dentro de la nueva Ley de Delitos Económicos.
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