“En España se necesitaba una reforma laboral mucho más profunda que las anteriores”

Por Marco Fajardo



El gobierno de España presentó el viernes una nueva reforma laboral, la séptima en importancia desde el retorno de la democracia.

Desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, la norma ha sido reformada en 1984, 1994, 1997, 2001, 2006 y 2010, tanto bajo mandatos socialistas como del derechista Partido Popular. Sin embargo, ninguna ha sido lo suficientemente eficaz para evitar el desempleo actual de 22,9%, el doble de la media europea.

Sin embargo, el problema no es nuevo. La cesantía es uno de los males crónicos de la economía ibérica. Según datos de Bloomberg, desde 1983 a la fecha, el desempleo ha sido un promedio de 15,32%, con un mínimo de 7,9% (mayo de 1997) y un máximo histórico actual inédito en casi 30 años.

La normativa laboral, demasiado rígida para los empresarios, ha sido señalada como una de las principales causas del desempleo.

Según el último informe de Competitividad Global de 2011-2012 del Foro Económico Mundial, en un ranking de 140 países, España ocupa el puesto 119 en eficiencia del mercado laboral.

El país está en el puesto 124 en flexibilidad de la negociación colectiva, 119 en rigidez del empleo y 137 en condiciones de despido y contratación.

Con excepción de la de 1994, que redujo el desempleo de 18,8% en 1998 al 10,5% en 2001, todas las reformas “han sido pequeños parches”, por lo cual “se necesitaba una reforma laboral mucho más profunda”, en vista de que la última de 2010 “no ha logrado generar empleo en absoluto”, asegura Sandalio Gómez, doctor en economía y profesor de la Universidad de Navarra, autor del estudio “Las reformas laborales en España y su impacto real en el mercado de trabajo en el periodo 1985-2008”.

La nueva reforma, que multiplica las causales de despido, reduce las indemnizaciones y disminuye la amplitud de la negociación colectiva, tiene el objetivo general de favorecer a menores de 30 años y las PYME de menos de 50 trabajadores con diversas medidas (ver recuadro).

Gómez estima que si bien la orientación general de la nueva reforma es buena, no es suficiente, aunque “indudablemente creará un marco que facilite la contratación”.

Además advierte que los sindicatos probablemente cuestionarán la reforma por la reducción de las indemnizaciones, aunque “para los empresarios probablemente tampoco es suficiente”.

“Es un paso adelante, pero en vez de caminar un metro se ha avanzado sesenta centímetros”, asegura.




Medidas más drásticas


El experto propone aplicar la reducción de indemnizaciones a los contratos en vigor, mientras que la reforma actual propone hacerlo sólo para los contratos nuevos, y crear contratos temporales ”más permanentes” de tres a cinco años con más días de indemnización, que deberían pasar de los 8 a 12 días actuales a 20, para que la “temporalidad sea menos temporal y mucho más estable”.

Además pide medidas más fuertes en los contratos para los trabajadores jóvenes, como eliminar para las empresas las cargas sociales asociadas a los jóvenes y obligar a las grandes compañías a tener una cierta cantidad de contratados de menos de 30 años para atacar el desempleo juvenil, que ronda el 50%.