Turquía arrestó ayer a más de 1.000 personas y emitió órdenes para miles más, en el primer gran paso del gobierno de Recep Tayyip Erdogan desde que ganó el referendo con el que impulsará sus poderes como presidente.
La ola de arrestos, que las autoridades turcas dijeron que tenía como objetivo neutralizar la infiltración dentro de la policía y el poder judicial por una red política hostil, se produjo un día después de que un importante organismo europeo votara para someter al país a un monitoreo total de los derechos humanos por primera vez en más de una década.
“La ‘vocación europea’ de Turquía... su particular condición dual de un gran país musulmán que goza del patrimonio europeo está... en peligro”, escribió Atilla Yesilada de la consultora GlobalSource Partners.
Las detenciones son consideradas particularmente importantes, porque no estaba completamente claro si Erdogan intensificaría su actual represión contra la sociedad turca tras su victoria en el referendo constitucional de este mes.
Pero desde la votación, el presidente turco ha ampliado el estado de emergencia que considera esencial para hacer frente a la amenaza que le atribuye a los seguidores del clérigo Fethullah Gülen, un enemigo exiliado en Estados Unidos al que acusa de llevar a cabo un sangriento golpe de Estado en julio del año pasado.
Autoridades turcas alegan que los adeptos a Gülen –un ex aliado del jefe de Estado– infiltraron la burocracia del gobierno durante décadas, operando en secreto a través de una red de “imanes” que transmitían instrucciones a sus seguidores.
Alrededor de 40.000 personas ya han sido apresadas desde el fallido golpe de Estado, pero Suleyman Soyl –ministro del Interior de Erdogan– dijo que los arrestos de ayer eran necesarios para manejar a más infiltrados de Gülen que el Ejecutivo denomina como “imanes secretos”.
Dos oficiales de la cartera de Interior dijeron que más detenciones son posibles.
“Estamos tratando de limpiar los miembros del Feto (un acrónimo del gobierno para los Gulenistas) dentro de las fuerzas armadas, dentro del sistema judicial y dentro de la policía”, dijo Erdogan a Reuters en una entrevista en la tarde del martes.
El mandatario dijo que el gobierno “mantendrá la guerra” en contra de los Gulenistas, a quienes acusó de pertenecer a grupos terroristas como el Estado Islámico, pero añadió: “continuaremos la guerra bajo los términos de la democracia, derechos fundamentales y las libertades”.
Sus palabras se produjeron luego de que el Consejo Europeo, el principal órgano de derechos humanos de Europa, pusiera a Ankara en observación, al asegurar que el referendo se llevó a cabo en “un campo de juego desigual” y que las medidas de emergencia que respondieron al fallido golpe de Estado “han ido mucho más allá de lo necesario y considerado proporcionado”.
Invocó un “procedimiento completo de supervisión”, por primera vez desde 2004, en un intento por persuadir a Turquía de mantener los niveles democráticos y de derechos humanos. El organismo funciona de forma separada a la Unión Europea.
La asamblea parlamentaria del Consejo, integrada por legisladores de sus 47 estados miembros, dijo que el Estado de emergencia ha sido utilizado “no solo para remover de las instituciones a aquellos involucrados en la revuelta, sino para silenciar cualquier voz crítica y crear un clima de miedo entre los ciudadanos ordinarios, académicos, organizaciones independientes no gubernamentales y los medios de comunicación, poniendo en peligro las bases de una sociedad democrática”.
Ante la presión del Parlamento Europeo para que los Estados miembros de la UE suspendan formalmente las negociaciones de adhesión con Turquía, la Comisión Europea dijo ayer que Ankara debería aclarar sus intenciones. “Depende de Turquía aclarar sus intenciones hacia la UE y en lo que respecta al proceso de adhesión, dijo Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la comisión.
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