Por r. García/M. Fajardo
El gobierno argentino está profundizando la intervención estatal en la economía con un proyecto de ley para eliminar la autorregulación del mercado de capitales y que establece la fiscalización estatal permanente. El plan también obliga a las aseguradoras a invertir parte de su cartera en proyectos productivos y de infraestructura de mediano y largo plazo.
“Estamos aumentando la intervención estatal en los mercados de capitales para proteger a los inversionistas”, aseguró el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Sin embargo, los observadores sospechan que la maniobra busca más bien apoyar los planes del gobierno para reflotar la debilitada economía.
“Vamos a modificar el destino de la enorme cantidad de fondos que tienen las aseguradoras desde inversiones financieras de corto plazo a inversiones de largo plazo de naturaleza productiva”, dijo la presidenta Cristina Fernández en un discurso.
Si el proyecto es aprobado, el Ministerio de Economía decidirá el destino de entre 5% y 30% de la cartera de las compañías por 64 mil millones de pesos (US$ 13.500 millones).
Desde su reelección, el año pasado, Fernández ha limitado las importaciones, ordenado a las empresas repatriar sus inversiones y restringido la compra de dólares.
Debido, en parte, a la mayor intervención estatal, el Banco Mundial ubicó a Argentina como uno de los peores países de la región para hacer negocios, en su último reporte “Doing Business 2013”, publicado el lunes.
El golpe final
Tras el anuncio, el Merval, el principal índice de la bolsa trasandina, cayó 3,6%, su mayor retroceso en once meses, aunque por momentos llegó a perder más de 4%.
Los expertos temen que la medida golpee aún más a un mercado que ya es uno de los más pequeños de la región, tras ser duramente afectado por el default y la devaluación de 2001-2002. “El temor que se tiene es que esta regulación en un contexto de cierto enrarecimiento del clima macroeconómico y de mayor intervención estatal constituya un tiro de gracia, al achicar aún más el mercado y el volumen de negocios”, señaló Federico Muñoz, jefe de la consultora Federico Muñoz y Asociados.
Otro punto que causó polémica fue la decisión del gobierno de eliminar el papel de las agencias calificadoras en el mercado de deuda. Las entidades han jugado un polémico papel en la última crisis, pero el gobierno argentino las considera especialmente responsable de los altos retornos que pagan sus bonos, y las autoridades las han acusado de manipular sus recomendaciones para sacar beneficio económico.
Bajo el nuevo esquema, ya no serán las agencias las que caliquien los bonos, sino la Comisión nacional de Valores (CNV), con el apoyo de las universidades locales.
Equivocó el camino
Algunos expertos locales reconocen que el mercado requería una reforma, pero que en cualquier caso el anuncio no va en la dirección requerida.
“Ninguno de estos cambios va a permitir profundizar ni ampliar el mercado de capitales”, señaló a DF, Maximiliano Castillo, de la consultora ACM. “No ataca el problema más importante que tiene el mercado de capitales en moneda local, que es la ausencia de estabilidad de precios”, apuntó en referencia a la inflación, que según índices provinciales y privados supera el 20% anual, uno de los más altos del continente.
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