En apenas tres días, entre 50 mil y 60 mil personas entraron en una ciudad española de 85 mil habitantes, muchas de ellas nadando desde Marruecos o bordeando por el mar la barrera fronteriza. Más de 70 murieron en el intento, las Fuerzas Armadas fueron desplegadas y Ceuta quedó desbordada.
Las grietas aparecieron casi al mismo tiempo que los cruces. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, denunció una “violación y un ataque a la integridad territorial” de su país y, un día después, llevó el conflicto a Bruselas.
“La seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros, y no únicamente por aquellos que se encuentran en la primera línea de la Unión”, escribió a los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa.
La reacción más dura llegó desde Italia. La primera ministra Giorgia Meloni sostuvo que la inmigración irregular sin control ponía en riesgo la seguridad europea y anunció medidas para “defender nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”. Roma restableció controles en las conexiones aéreas y marítimas con España, mientras Meloni planteaba apartar temporalmente al país del espacio Schengen, una propuesta que recibió el respaldo de Finlandia.
La Moncloa convocó al embajador italiano, pero las críticas continuaron. Meloni y otros dirigentes europeos vincularon el episodio con la regularización extraordinaria promovida por Sánchez y con una sentencia del Tribunal Supremo que impedía aplicar el procedimiento de rechazo en frontera a quienes fueran interceptados en el mar. Así, en una carta impulsada por Italia y Dinamarca, y suscrita por 22 líderes, señaló el fallo judicial como el “desencadenante” de la presión fronteriza.
“Culpar públicamente al Estado miembro afectado (por los cruces irregulares y masivos) reduce el costo político de instrumentalizar la migración”, dijo Carla Hobbs, del European Council on Foreign Relations.
Madrid rechazó esa lectura y recordó que solo extranjeros que residían en España antes de 2026 podrían optar a la regularización. Paralelamente, la magnitud de los cruces y la aparente relajación de los controles marroquíes alimentaron las sospechas de una instrumentalización de la migración desde Rabat, aunque el gobierno español evitó formular una acusación directa.
Si bien Berlín eludió la confrontación abierta de Roma, responsabilizó a Madrid. “España quiere y debe recuperar el control de la situación en Ceuta lo antes posible”, declaró el canciller alemán, Friedrich Merz.
Frontera europea o nacional
Con la mayoría de quienes cruzaron de regreso en Marruecos durante los días siguientes, tres centros de estudios europeos coincidieron en que la dimensión más reveladora de la crisis no estuvo solo en la magnitud de la irrupción, sino en la reacción europea.
La investigadora senior del Real Instituto Elcano, Rut Bermejo Casado, sostuvo que la Unión Europea mostró “importantes fisuras en la relación de confianza entre sus miembros”.
A su juicio, el episodio activó casi de inmediato el habitual “juego de las culpas” en torno a las fronteras exteriores. En lugar de discutir primero cómo responder colectivamente, varios gobiernos buscaron determinar qué decisiones españolas habían provocado la emergencia.
Ese desplazamiento -de la presión sobre una frontera europea hacia la responsabilidad del Estado afectado- es también el centro del argumento de la directora de la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations, Carla Hobbs, destacando que “en lugar de mostrar solidaridad con un Estado miembro sometido a presión en la frontera exterior de la UE”, dirigentes europeos culparon a Sánchez y plantearon sancionar a España dentro de Schengen.
Para la analista, resultó especialmente llamativo que “se dirigieran muy pocas críticas al propio Marruecos”, pese a que la magnitud del eventó alimentó las sospechas de una relajación deliberada de sus controles.
Nic Lawley, de Chatham House, interpretó la reacción italiana y finlandesa como algo más grave que una disputa entre gobiernos. “Tratarlo como un fracaso español y recurrir a la suspensión de Schengen”, advirtió, solo favorece a quienes buscan “más tensión sobre el proyecto europeo”.
Su análisis recordó que, durante la crisis de 2021, Bruselas sostuvo con claridad que la frontera de Ceuta era una frontera europea y que cualquier vulneración afectaba tanto a la soberanía española como a la de la Unión. “Esa fue la respuesta correcta entonces y es la respuesta correcta ahora”, concluyó desde el think tank británico.
En una línea similar, Hobbs planteó que “culpar públicamente al Estado miembro afectado reduce el costo político de instrumentalizar la migración”.
Por eso, sostuvo que Bruselas debe dejar claro que cualquier uso de la migración como chantaje tendrá “consecuencias europeas y no meramente españolas”. De lo contrario, agregó, la ausencia de una política común seguirá empujando a los Estados hacia pactos bilaterales que dejan “la palanca” en manos de los gobiernos norafricanos.
El riesgo futuro alcanza también al corazón de la integración europea, Bermejo Casado advirtió que la crisis volvió a mostrar “la fragilidad” de Schengen, mientras que también caló en la interna española. Al respecto, Lawley planteó que el episodio puede convertir la inmigración en el principal eje electoral de ese país, fortaleciendo las posturas que presentan la cooperación europea como una debilidad.
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Francisca Guerrero
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