La administración de Donald Trump determinó que EEUU está involucrado en un “conflicto armado no internacional” con los carteles de la droga latinoamericanos, según una notificación enviada al Congreso, lo que ofrece mayor justificación legal para los recientes ataques contra presuntos narcotraficantes provenientes de Venezuela.
La notificación, remitida esta semana por el Pentágono al Congreso, señala que EEUU “ha alcanzado un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y en defensa de otros contra los ataques en curso” de esos grupos, a los que el presidente Trump también ha designado como organizaciones terroristas.
Una copia del aviso fue obtenida por Bloomberg. The New York Times informó sobre la medida este jueves más temprano.
El Pentágono remitió las consultas a la Casa Blanca, donde la vocera Anna Kelly declaró que “el presidente actuó conforme a la ley de los conflictos armados para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno mortal a nuestras costas, y está cumpliendo su promesa de enfrentar a los carteles y eliminar estas amenazas a la seguridad nacional para que no sigan asesinando a más estadounidenses”.
La notificación amplía la justificación legal de la administración Trump para ataques letales que han recibido críticas de legisladores de ambos partidos, así como de expertos legales. Los detractores han acusado a la Casa Blanca de realizar ejecuciones extrajudiciales y de no probar de forma concluyente que quienes murieron en los ataques representaban una amenaza inminente para ciudadanos de EEUU.
Algunos críticos también advirtieron que la administración podría estar preparando un ataque directo a Venezuela. Trump no descartó esa posibilidad cuando fue consultado por periodistas el 30 de septiembre, respondiendo: “veremos qué pasa con Venezuela”.
“Cada estadounidense debería estar alarmado de que el presidente Trump haya decidido que puede librar guerras secretas contra cualquiera a quien etiquete como enemigo”, señaló en X el senador Jack Reed, de Rhode Island, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado. “Los carteles de la droga deben ser detenidos, pero declarar la guerra y ordenar el uso letal de la fuerza militar sin el Congreso o el conocimiento público —ni justificación legal— es inaceptable”.
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