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REGÍSTRATE AQUÍTribunal ordenó iniciar un proceso por cuantiosa adjudicación de obra pública.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 1 de julio de 2016 a las 04:00 hrs.
La Justicia argentina ordenó ayer allanar once propiedades pertenecientes a la ex presdienta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner. El juez federal Claudio Bonadio ordenó opertivos en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén.
En ese expediente se investiga a la ex jefa de Estado por los alquileres de varios inmuebles que cobra la sociedad Los Sauces (propiedad de la familia Kirchner) y pagados por empresarios.
La inmobiliaria Sancho San Felice de Río Gallegos, donde trabajaba Máximo Kirchner, hijo de Fernández y del ex presidente Néstor Kirchner, y dos complejos de departamentos supuestamente a nombre de la sociedad Los Sauces, perteneciente a la ex presidenta, fueron allanados ayer por la Policía Federal.
Además de la inmobiliaria, se buscaba documentación en dos complejos de departamentos situados en Mariano Moreno 800 y en Alvear y Tucumán, en el centro de Río Gallegos, que fueron construidos por la empresa Austral de Lázaro Báez y serían propiedad de Los Sauces.
Adicionalmente, la Sala II de la Cámara Federal le ordenó al juez federal Sebastián Casanello investigar a la expresidenta por “cuantiosa adjudicación de obra pública”.
“Sin perjuicio de lo que pudiera resultar de otros procesos, es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, subrayó el Tribunal.
En el mismo fallo, confirmó el primer procesamiento contra el empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, y su hijo Martín por el delito de lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K” y dictó instrucciones al juez Sebastián Casanello para avanzar en forma “urgente” con la investigación.
El tribunal también confirmó la prisión preventiva dictada contra Báez.
La empresa reaccionó al crítico dictamen de la Dirección del Trabajo, el cual señaló que la exigencia de certificados "constituye una vulneración a la garantía del derecho a la no discriminación".
La empresa rechazó que se trate de un socavón, como el que afectó a un edificio en Concón en 2023, y aseguró que "solo se vio afectada la capa vegetal superficial", destacando que la capacidad del suelo y la estabilidad estructural de los edificios no se vio comprometida.
La spin off universitaria destinará los recursos para modernizar su solución de planificación avanzada para la cadena de suministros de comercios y manufactura e iniciar operaciones en el nuevo mercado.