El gobierno argentino firmó en julio un acuerdo de crédito con tres bancos de China por US$ 4.714 millones para la construcción en la provincia de Santa Cruz de las represas hidroeléctricas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”. Pero el préstamo estuvo supeditado a varias exigencias, entre ellas que el país no cayera en default y que mantuviera una buena relación con el Fondo Monetario Internacional.
La medida fue anunciada como “otro avance” hacia la “concreción de los proyectados aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz, que contarán con una potencia máxima de 1.740 megawatts, y una producción de energía de 5.246 Gwh/año, lo que equivaldrá al 4,7% del sistema eléctrico nacional actual”.
El acuerdo incluye cláusulas como que Argentina acepta volver a someterse a tribunales judiciales extranjeros, se compromete a no entrar en mora y, además, a tener una relación en “buenas condiciones” con el FMI.
Específicamente, en el anexo 2 del entendimiento se aclara que para que el país pueda comenzar a utilizar los fondos, primero deberá exhibir la copia certificada de varios documentos, entre ellos el de la renuncia a inmunidad por parte de la nación y el sometimiento a los tribunales extranjeros y de arbitraje en los documentos del financiamiento según la ley argentina 11.672.
En el anexo 1, en el artículo 7°, con el título de declaraciones, compromisos y casos de incumplimiento, se ordena no tener ningún incumplimiento en materia de deudas soberanas: “ningún otro evento o circunstancia se encuentra pendiente que constituya (o que con previa notificación, o vencimiento del plazo o de cualquier otro modo constituiría) un incumplimiento en virtud de cualquier otro acuerdo, obligación, contrato o instrumento ejecutado luego del 6 de enero de 2002 que obligue a la Argentina”.
El gobierno firmó, asimismo, que “Argentina es un miembro en buenas condiciones del FMI y del Banco Mundial y es elegible para utilizar los recursos del FMI y puede retirar y utilizar los fondos que tiene disponibles en virtud del programa de financiamiento del FMI, y ese programa no ha sido cancelado o suspendido”.
Según publicó ayer el diario La Nación, China también impuso al Ministerio de Economía la obligación de “informar inmediatamente”, con un máximo de cinco días hábiles luego de que sepa o sea notificado, “de cualquier litigio, demanda, investigación, arbitraje u otro proceso legal o controversia pendiente o, a su conocimiento, inminente, que involucre o afecte a cualquier deudor o Argentina”.
Reservas en mínimo de dos meses
El anuncio de la semana pasada de que el país ofrecería alternativas a los bonistas afectados por el fallo judicial que mantiene a Argentina en default para cobrar sus acreencias en Buenos Aires provocó las fluctuaciones cambiarias más importantes desde la devaluación de enero.
La perspectiva de una prolongación del default llevó a los inversionistas a refugiarse en el dólar, pero ante la falta de divisas el banco central debió proveer con sus propias reservas.
En cuatro días se perdieron US$ 163 millones y quedaron en US$ 28.781 millones, nivel registrado el 10 de junio.
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