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Dilma Rousseff recorta beneficios previsionales tras vetar proyecto de ley

Iniciativa supone un recorte del gasto equivalente a medio punto del PIB.

Por: Valor Económico, Brasil. | Publicado: Viernes 19 de junio de 2015 a las 04:00 hrs.
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La adopción de la nueva escala progresiva para el cálculo de la jubilación permitiría al gobierno de Brasil recortar el gasto en hasta 50.000 millones de reales (US$ 16.500 millones) a 2026 en comparación con lo que se gastaría con la propuesta de flexibilización del factor previsional, aprobado por el Congreso y vetada ayer por la presidenta Dilma Rousseff. La observación la realizó el ministro de Planeamiento, Nelson Barbosa.

“Se estima que la norma que estamos proponiendo representa un gasto de 50.000 millones de reales menos para la Seguridad Social hasta 2026 en comparación con lo que se gastaría sin la progresividad”, explicó Barbosa.

A largo plazo, indicó Barbosa, el gobierno estima que el nuevo cálculo de la jubilación ahorrará 0,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en relación con la propuesta que había sido aprobada en el Congreso. El ministro no dio una estimación del impacto que el nuevo régimen tendría sobre la economía.

El ministro observó también que la progresividad de la fórmula de cálculo de las pensiones, enviado como Medida Provisional por la presidenta Rousseff, ya fue discutida en otras ocasiones tanto en en el Congreso Nacional como en los centros sindicales.

“El gobierno ya ha señalado el foro (creado por el gobierno) para debatir ese tema y hacerlo de forma progresiva”, indicó.

En la evaluación del ministro, la transición de la propuesta del gobierno incorpora la idea del Congreso de adoptar la fórmula 85/95 que suma la edad y el tiempo de contribución, resultando en 85 años para mujeres y 95 años para hombres y mejora la situación de la Seguridad Social.

En la Medida Provisional publicada hoy en el Diario Oficial de la Unión, el gobierno prevé un aumento acumulativo de un año sobre la fórmula 85/95 a partir de 2017 y hasta 2022. El gobierno brasileño afirma que el sistema de pensiones no era sostenible en los últimos años, lo que exigía ajustar el método de cálculo.

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