La presidenta Dilma Rousseff fue notificada de presentar una defensa en una de las acciones que piden la revocación de su mandato y del vicepresidente Michel Temer.
El documento fue entregado ayer. Rousseff y Temer ahora tienen siete días para presentar sus defensas.
El PT, el PMDB y el PSDB, que es el autor de la acción, también tendrán que manifestarse. En esta etapa, Rousseff y Temer podrán adjuntar documentos, indicar la lista de testigos y exigir otras pruebas, incluyendo documentos que se encuentren en poder de terceros, de las oficinas del gobierno o en procedimientos judiciales o administrativos.
A continuación, serán escuchados los testigos e incluso realizadas eventuales diligencias para la recopilación de pruebas. Después, el Ministerio Público Electoral y podrán presentar las llamadas alegaciones finales.
La oposición acusa a Rousseff y al vicepresidente de abuso de poder económico y político y apuntan a sospechas de que recursos desviados de Petrobras ayudaron a financiar la reelección. El objetivo del PSDB es revocar el mandato de Rousseff y Temer.
Fraude fiscal
En tanto, la Policía Federal está investigando si el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva tuvo participación en un presunto esquema de compra de medidas provisionales en el marco de la Operación Zelotes o si su nombre fue utilizado por terceros que promovieron el tráfico de influencias.
En un oficio enviado al juez Vallisney Oliveira, que dirige la operación, el delegado federal Marlon Cajado informó que la investigación contempla la participación de funcionarios públicos y cita a Lula entre otras personas, como la ex ministra de la Casa Civil Erenice Guerra y el secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda Dyogo Oliveira.
El delegado dijo que el “exiguo plazo” para la investigación permitió concluir hasta el momento “indicios inequívocos de cooptación y corrupción” por parte del ex director de Comunicación del Senado Fernando Cesar Mesquita y de la ex asesora espacial de la Casa Civil Lytha Spíndola.
“A pesar de que haya sido posible llegar a esa conclusión acerca de esos dos servidores públicos, los demás documentos adjuntados a los autos apuntaban a eventuales colaboraciones de otros servidores públicos para lograr los intereses de la organización criminal y buscando evitar conclusiones precipitadas, fue necesaria la instauración de un nuevo procedimiento policial para tratar de llegar a la verdad real de los hechos encontrados, es decir, si otros servidores públicos fueron corrompidos y están asociados a esta organización criminal”, escribió Cajado en el oficio.
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