Según un informe de la Comisión Europea, los países de la
UE podrían recaudar en su conjunto entre US$ 33.792,2 millones y US$ 6.277,62 millones (entre 26.215 y 4.870
millones de euros) con la tasa sobre las actividades financieras, para que sean
los bancos los que paguen el coste de las eventuales bancarrotas del sector.
El informe elaborado por la Comisión Europea (CE) tiene el
objetivo de centrar el debate, después que los líderes europeos llegaran, el
pasado 17 de junio, a un principio de acuerdo sobre la introducción de algún
tipo de gravamen.
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) debatirán
este asunto en la reunión del Consejo Ecofin (Economía y Finanzas) que se
celebrará mañana en Bruselas, aunque fuentes comunitarias aseguran que "aún queda mucho trabajo por hacer" antes de llegar a acuerdos sobre
un posible impuesto común.
La propuesta legislativa de la Comisión Europea a este
respecto no llegará antes de la primavera europea de 2011, aunque ya se ha
hecho pública su preferencia por la puesta en marcha de un fondo por cada
Estado miembro que sea financiado con impuestos sobre las actividades
bancarias.
Mientras, algunos países se han adelantado: Suecia aprobó un
impuesto en 2008 y Francia, Reino Unido y Alemania anunciaron recientemente sus
intenciones al respecto, aunque sólo Alemania y Estocolmo pretenden destinarlos
a fondos de resolución de crisis financieras.
En este sentido, Bruselas considera que es conveniente
armonizar esta política para evitar dañar la competencia y la doble tasación de
las entidades bancarias en varios estados miembros.
En la ocasión, los ministros de finanzas también discutirán la
posibilidad de activar un gravamen sobre las transacciones financieras a nivel
global, que generaría ingresos de US$ 23.203 millones al año en toda la UE,
según el mismo informe de la CE.
Este impuesto, que no es excluyente del anterior, tendría la
ventaja que serviría para desincentivar las prácticas de riesgo de las
finanzas, además de compensar al sector público por las ayudas y garantías
recibidas de los poderes públicos, según la CE.
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