Ante el inicio del proceso de constatación de pruebas en el caso de interlocking que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) requirió a principios de año ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la participación simultánea del empresario Juan Hurtado en los directorios de LarrainVial y Consorcio Financiero, algunas partes involucradas mostraron su molestia por el actuar de la FNE.
De acuerdo a los registros de la causa, LarrainVial y Consorcio hicieron ver al Tribunal que la Fiscalía habría cometido un “grave error” en la presentación de documentos digitales al clasificarlos como públicos en circunstancias de que serían confidenciales.
La FNE presentó en julio documentos que fueron organizados en cuatro grupos distintos. Uno de ellos contenía una copia de los archivos digitales que conforman el expediente de investigación, y que tienen el carácter de público.
Luego, el TDLC resolvió entregar un plazo 30 días para que las partes pudieran observar estos documentos respecto de los cuales no se solicitó confidencialidad.
El problema se suscitó porque una carpeta pública tendría información confidencial de las operaciones y negocios de las compañías involucradas en el caso.
A juicio de LarrainVial, esto quedaría demostrado porque en la carpeta digital había una denominada “VP” (versión pública) y otras con las iniciales “VC” (versión confidencial). “En las primeras se encuentran los archivos con censura aplicada, y en las segundas están exactamente los mismos archivos, pero sin censura”, expuso la firma.
LarrainVial solicitó de manera individual “adoptar y ordenar las medidas necesarias para que cada una de las partes -y todo aquél que haya tenido acceso- destruir los documentos que contengan información confidencial de alguna otra de las requeridas”.
También, pidió “prohibir el uso de la información confidencial a todo aquél que haya accedido a dichos antecedentes; ordenar a la FNE que adopte las medidas necesarias para que esta situación no vuelva a ocurrir; y disponer que la FNE debe acompañar nuevamente los documentos pertenecientes a la carpeta en cuestión, esta vez con el contenido que corresponde, y otorgar a las partes un nuevo plazo para observarlos”.
Consorcio también se plegó a estas solicitudes y pidió que se “adopten las medidas necesarias para resolver la contingencia”.
La FNE hizo presente que se corrigieron los errores. Pero el problema no se solucionó por completo. Consorcio volvió a presentar una lista de documentos que, a juicio de la empresa, revisten de carácter privado.
La entrada de Banco de Chile
Luego del “error” de la FNE, Banco de Chile solicitó entrar a la causa como tercero interesado “únicamente para efectos de velar adecuadamente porque se resguarde la información que Banco de Chile aportó en el marco de la investigación”.
El banco es investigado en la arista de interlocking que involucra a Hernán Büchi por haber sido director de Consorcio, Falabella y de Banco de Chile simultáneamente.
Los representantes de Banco de Chile argumentaron que querían ser parte tras tomar “conocimiento de que la FNE está acompañando al proceso información confidencial de Banco de Chile y sus filiales, entidad que no forma parte del proceso, con el agravante de que dicha documentación está siendo aportada sin confidencialidad, y con indefensión de la parte afectada al no ser parte del proceso”.
El objetivo es “resguardar la esfera de su privacidad y los derechos de carácter económico o comercial que pudiera afectar y/o poner en peligro su desenvolvimiento competitivo en un mercado tan delicado como es el mercado bancario”.
La molestia de Banco de Chile se expuso durante las indagaciones de la FNE. La compañía se quejó que “resulta contradictorio que, en un proceso en el que no participa, se acompañen dichos instrumentos sin su conocimiento y, además, sin confidencialidad, pues ello no sólo vulnera la confianza legítima generada en la etapa investigativa, sino que además deja en indefensión al Banco de Chile, al acompañar antecedentes –que no son útiles al proceso- sin que dicha entidad pueda pedir, a lo menos, la confidencialidad de los mismos conforme a la legislación nacional”.
La respuesta de la FNE
La Fiscalía respondió las acusaciones que le formularon e indicó que los documentos en cuestión de Consorcio “se encuentran en custodia de la secretaria abogada a la espera de la decisión acerca de su confidencialidad y posterior incorporación al expediente”.
La FNE explicó que no ha podido acceder al listado de los documentos cuya confidencialidad es solicitada por Consorcio, como tampoco evaluar el mérito de la fundamentación esgrimida por la empresa.
Apuntó que Consorcio ha hecho alegaciones genéricas en torno a la existencia de documentos confidenciales, sin hacer mayores precisiones. Además, profundizó que la empresa exige confidencialidad de documentos cuya antigüedad exceda el ámbito de protección.
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