El anuncio de la Corte Suprema, de aumentar masivamente las costas en un total de 6.383 recursos de protección, presentados por alzas de los planes de salud de las distintas Isapres, tiene a la industria preocupada. No sólo porque está afectando los números de las entidades, sino por está incentivando a que más personas se sumen a estas medidas, lo que impactará directamente al resto de los cotizantes.
Ésa es la interpretación que hacen en Altura Management, donde explican que lo más preocupante, es la señal institucional que se está dando, en el sentido de que el 90% de las personas que no judicializan van a terminar pagando lo impuesto por el fallo, que serían unos
US$ 12 millones adicionales al gasto proyectado en costas luego de la rebaja de agosto, según sus cálculos.
“Lo que sucede es muy simple. Los abogados se sintieron menoscabados en su profesión, y apelaron al fallo de costas caso a caso. Entonces, la Corte Suprema vio esos siete mil casos, pero no el costo para el sistema. Tampoco tienen en consideración que esos dineros salen finalmente de la gente que no judicializa”, opina la directora de la consultora, Victoria Beaumont.
En esa línea, dice que lo que hacen es incentivar una industria. “Este fallo no tiene que ver con el cotizante, sino con esta pelea que se está dando entre industrias. Es una pésima señal”, manifiesta. Y añade que es lamentable que “se terminen litigando intereses económicos en la vista de un recurso de protección”.
La reacción del gremio
Una visión similar tiene el presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Rafael Caviedes. “Lamentamos profundamente esta modificación, porque tiene un doble efecto: genera un estímulo para desarrollar toda esta maquinaria de marketing, buscando personas que reclamen ante los tribunales, y puede significar un extremo de pago de costas importante”, comenta.
El impacto que está teniendo este tema es gravísimo, destaca, dado que “la judicialización crece año a año, incentivada por los fallos y elevadas costas, y como ya se ha indicado reiteradamente, se está poniendo en riesgo financiero a las Isapres y, con ello, la cobertura de salud que a millones de chilenos estas instituciones otorgan”.
En esa línea, el gremio estima que “motivados por estas elevadas costas establecidas por la Corte Suprema, los recursos de protección aumentarán el próximo año a más de 200.000 y el gasto en honorarios podría superar los $ 30 mil millones, lo que sería equivalente a financiar 600.000 consultas médicas para los beneficiarios de las Isapres”.
Asimismo, dice que se debe considerar que, en promedio, las alzas de los planes de salud son del orden de $ 3.000 por persona al mes ($ 36 mil al año). “En tal caso, los honorarios que reciben los abogados, son muy superiores (3 veces) que el beneficio promedio para los afiliados reclamantes. Esto es, los resultados de los recursos de protección benefician mayoritariamente a los abogados litigantes”, sentencia.
Cómo cambian las costas en 2015
Según Altura Management, durante 2015 se pagarán costas por unos
$ 13.218 millones en Santiago (ver gráfico), de los cuales $ 8.134 millones se encuentran explicados por la diferencia generada en el fallo de la Corte Suprema.
A nivel nacional, en tanto, proyectan un gasto en costas de $ 21.406 millones. Y de esa forma, el costo total para el sistema (Costas+defensa+ahorro del cotizante) es de $30.000 millones.
LA VISIÓN DE LAS CLÍNICAS DE CHILE
Las Clínicas de Chile también están preocupadas por esta situación, comenta la gerente general del gremio, Ana María Albornoz. "Éste es un elemento más de los problemas que tiene el sistema Isapre; nosotros esperamos que se resuelva con prontitud", dice. Y es que las Isapres son el principal medio de financiamiento de las Clínicas, entonces el que éstas se encuentren con dificultades, debido a la judicialización, también afecta al sector que da las prestaciones. "Nosotros sabemos que las Isapres requieren algunas soluciones a los problemas que presentan", comenta Albornoz, haciendo hincapié en que dichos asuntos deberían ser abordados en el proyecto de reforma al sistema que el gobierno ingresará al congreso el próximo año. Al respecto, la gerente general del gremio explica que el hecho de que la iniciativa se haya aplazado genera incertidumbre. "Uno ve con preocupación que se postergue el proyecto (...) pero si se están haciendo los análisis técnicos, estamos esperanzados".
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