El debate en torno a la situación fiscal del país sumó un nuevo antecedente la tarde de este jueves.
A menos de un mes de que el Gobierno ingrese al Congreso la ley de Presupuestos 2026 -la última que elaborará la actual administración y la primera que ejecutará la siguiente-, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) dieron a conocer un informe encargado a cinco economistas nacionales para determinar espacios de reducción del gasto público y de ahorros para el Fisco en el corto, mediano y largo plazo, en medio de la discusión respecto a los espacios de eficiencia en el gasto que realiza el Estado y con los candidatos presidenciales mirando de reojo, al postular recortes en los desembolsos del Estado entre US$ 6.000 millones y US$ 8.000 millones de cara al próximo Gobierno.
El grupo es integrado por el exdirector de Presupuestos y académico de la U. de los Andes, Matías Acevedo; por María José Abud, investigadora de Horizontal y docente en el Instituto de Economía de la Universidad Católica; Paula Darville, oficial de Monitoreo y Evaluación en la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Chile; Sergio Granados, director de Presupuestos en 2010 y entre 2014 y 2018; y Osvaldo Larrañaga, profesor de la Escuela de Gobierno de la UC.
Así, el informe de los especialistas propone un conjunto de 34 medidas en siete ejes temáticos, con los cuales se busca reducir el gasto público y aumentar los niveles de ahorro en cerca de US$ 2.000 millones por año, lo que equivale a un 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los siete ejes temáticos donde se concentran las propuestas son educación superior, salud, control presupuestario, empleo público, oferta programática, institucionalidad y otros ámbitos transversales.
Las medidas se clasifican según su horizonte temporal, es decir, corto, mediano y largo plazo, y en función de si son administrativas o legislativas. Además, se distingue entre aquellas orientadas a reducir el gasto público y las que buscan contener su crecimiento.
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El informe de la comisión precisa que, de las medidas expuestas, 16 tienen el potencial de generar ahorros en el gasto público. En conjunto, se estima que podrían reducir el gasto en $1.941.888 millones (cerca de US$ 2.000 millones) anuales a largo plazo.
De estas medidas, dos se podrían hacer efectivas en el 2026, por un total de $ 25.508 millones; 13 se podrían hacer efectivas entre 2027, 2028 y 2029, por un total de $ 1.460.878 millones; uy na se podría hacer efectiva con posterioridad al 2030, por un total de $ 456.502 millones.
En cuanto a los requisitos para su implementación, un 40% de los ahorros estimados depende de modificaciones administrativas, un 39% de cambios legislativos y un 21% de ajustes que combinan ambos tipos de modificaciones.
Entre las medidas de este grupo, destacan el mejorar la focalización socioeconómica de los beneficios estudiantiles en educación superior; suspender temporalmente las expansiones automáticas de cobertura o indexaciones automáticas a los valores unitarios de ciertos beneficios; revisión y plan de ajuste de las dotaciones de docentes y asistentes de la educación en establecimientos educacionales públicos; fortalecer el control sobre el uso del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL); racionalización de la oferta programática mediante la discontinuidad de programas públicos que presentan un desempeño insatisfactorio en su modalidad actual; y condicionar los recursos para programas con debilidades en su desempeño, por citar solo algunos
Por otro lado, 18 propuestas tienen el potencial de generar contención en el gasto público. Si bien estas medidas no generan reducciones directas del gasto público, de implementarse, tendrían un efecto en evitar o mitigar presiones de gasto que podrían implicar que el gasto crezca sobre su nivel estimado.
Aquí, resaltan por ejemplo fortalecer la gestión hospitalaria y la eficiencia operativa del sistema público de salud; el traspaso funcional de Cenabast a ChileCompra; revisión y ajuste del Plan de Inversiones en hospitales; reducir la flexibilidad otorgada en el actual artículo 4° de la Ley de Presupuestos del Sector Público que permite aumentar el nivel del gasto aprobado en la ley; un menor gasto fiscal ante subejecución de inversión; sustitución de la “provisión republicana” por facultades de reasignación presidencial; modificar el Estatuto Administrativo y otras normativas de manera de contar con un sistema con mérito en el ingreso, progresión por desempeño, movilidad interna, y mecanismos transparentes y efectivos de término; congelar el personal de dotación y fuera de dotación a nivel de 2025; y mantener remuneraciones en valores nominales 2025.
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Sebastian Valdenegro
