Mercados
Directores amplían debate y proponen cambios a norma de gobiernos corporativos de la SVS
Actores proponen que ranking de buenas prácticas sea privado y que se abran nuevas categorías a evaluación.
Por: | Publicado: Jueves 30 de agosto de 2012 a las 05:00 hrs.
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Por s. valdenegro y e. robledo
El debate ante la norma que puso en consulta la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sobre autoevaluación de gobiernos corporativos continúa desarrollándose. Luego que el regulador eliminara la evaluación individual de los directores en el cuestionario de 26 preguntas, la industria continúa realizando observaciones a la iniciativa.
En este contexto, el Centro para el Gobierno de la Empresa (CGE) analizó los principales puntos de la norma, donde directivos deslizaron propuestas a la guía de la SVS.
Para el director de AFP Capital, Germán Concha, tanto la superintendencia como la Fiscalía Nacional Económica están implementando nuevas prácticas, las que describe como “sugerir comportamientos” en lugar de “imponerlos”.
En este sentido, propone modificar el lenguaje del cuestionario, cambiando la palabra sobre si “cumple” con determinada práctica, a si “adhiere” a determinada práctica. “Ese lenguaje puede ser útil, ya que es distinto decirle a un juez no cumplí a que no adherí, un matiz que para un tribunal puede ser bastante relevante”.
Además, insta a la autoridad a generar incentivos a las empresas que den explicaciones cuando no se cumplan determinadas prácticas, homologando la explicación al cumplimiento de la norma. “Si pensamos en autorregulación, es muy importante que las explicaciones efectivamente equivalgan a cumplimiento”.
Una opinión similar tiene el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez, para quien el uso de la palabra cumple “sesga un poco la respuesta”.
Asimismo, es partidario de adecuar la norma a la diversidad de las empresas: “La pregunta es cómo permitimos que el mercado esté bien informado sobre el gobierno corporativo de las empresas, y permitimos también la diversidad, que permite aprender de las mejores prácticas”.
La figura de los rankings
Un tema igualmente controversial fue la elaboración de rankings de buenas prácticas, uno de los puntos que mayores críticas generó en la industria.
Para el ex presidente de AFP Provida, Gustavo Alcalde, dicha confección tiene el riesgo de ser “extremadamente subjetivo”, ya que quien lo realice deberá ponderar y asignar valores distintos a cada práctica.
En este sentido, si bien destaca el “valor” que tendría el ranking, propone que no sea público y, más bien, sea una referencia privada para el regulador, con el objetivo de que la SVS “priorice su tarea de supervisión sobre las sociedades anónimas”, por cuanto “hacerlo público con este nivel de subjetividad puede producir algunas dificultades”.
Concha, en tanto, pone el foco en el “fuerte riesgo reputacional y comercial” para las empresas por la realización de dicho conteo, en especial porque el país no está acostumbrado a estas prácticas.
“Además, inevitablemente, el ranking va a estar asociado a la autoridad. Habrá un implícito de que el ranking tiene que ver con la autoridad. Hay un tema complejo que puede traducirse en un cambio de eje muy peligroso, que más que prácticas estamos buscando una buena nota, que no es la idea”, dice.
Nuevas categorías
Alcalde, asimismo, propone dos nuevas categorías a considerar en la evaluación de buenas prácticas: una, la dependencia de la unidad de auditoría interna en la compañía; y, dos, las remuneraciones de directores.
Respecto al primero, señala que “las empresas tienen muy diversos niveles de dependencia”.
Sobre las remuneraciones, lo justifica en el hecho de que éstas debieran ser a precio de mercado, ya que sueldos bajos “crean un desincentivo”, mientras que si son muy altos “crean dependencia”.
El debate ante la norma que puso en consulta la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sobre autoevaluación de gobiernos corporativos continúa desarrollándose. Luego que el regulador eliminara la evaluación individual de los directores en el cuestionario de 26 preguntas, la industria continúa realizando observaciones a la iniciativa.
En este contexto, el Centro para el Gobierno de la Empresa (CGE) analizó los principales puntos de la norma, donde directivos deslizaron propuestas a la guía de la SVS.
Para el director de AFP Capital, Germán Concha, tanto la superintendencia como la Fiscalía Nacional Económica están implementando nuevas prácticas, las que describe como “sugerir comportamientos” en lugar de “imponerlos”.
En este sentido, propone modificar el lenguaje del cuestionario, cambiando la palabra sobre si “cumple” con determinada práctica, a si “adhiere” a determinada práctica. “Ese lenguaje puede ser útil, ya que es distinto decirle a un juez no cumplí a que no adherí, un matiz que para un tribunal puede ser bastante relevante”.
Además, insta a la autoridad a generar incentivos a las empresas que den explicaciones cuando no se cumplan determinadas prácticas, homologando la explicación al cumplimiento de la norma. “Si pensamos en autorregulación, es muy importante que las explicaciones efectivamente equivalgan a cumplimiento”.
Una opinión similar tiene el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez, para quien el uso de la palabra cumple “sesga un poco la respuesta”.
Asimismo, es partidario de adecuar la norma a la diversidad de las empresas: “La pregunta es cómo permitimos que el mercado esté bien informado sobre el gobierno corporativo de las empresas, y permitimos también la diversidad, que permite aprender de las mejores prácticas”.
La figura de los rankings
Un tema igualmente controversial fue la elaboración de rankings de buenas prácticas, uno de los puntos que mayores críticas generó en la industria.
Para el ex presidente de AFP Provida, Gustavo Alcalde, dicha confección tiene el riesgo de ser “extremadamente subjetivo”, ya que quien lo realice deberá ponderar y asignar valores distintos a cada práctica.
En este sentido, si bien destaca el “valor” que tendría el ranking, propone que no sea público y, más bien, sea una referencia privada para el regulador, con el objetivo de que la SVS “priorice su tarea de supervisión sobre las sociedades anónimas”, por cuanto “hacerlo público con este nivel de subjetividad puede producir algunas dificultades”.
Concha, en tanto, pone el foco en el “fuerte riesgo reputacional y comercial” para las empresas por la realización de dicho conteo, en especial porque el país no está acostumbrado a estas prácticas.
“Además, inevitablemente, el ranking va a estar asociado a la autoridad. Habrá un implícito de que el ranking tiene que ver con la autoridad. Hay un tema complejo que puede traducirse en un cambio de eje muy peligroso, que más que prácticas estamos buscando una buena nota, que no es la idea”, dice.
Nuevas categorías
Alcalde, asimismo, propone dos nuevas categorías a considerar en la evaluación de buenas prácticas: una, la dependencia de la unidad de auditoría interna en la compañía; y, dos, las remuneraciones de directores.
Respecto al primero, señala que “las empresas tienen muy diversos niveles de dependencia”.
Sobre las remuneraciones, lo justifica en el hecho de que éstas debieran ser a precio de mercado, ya que sueldos bajos “crean un desincentivo”, mientras que si son muy altos “crean dependencia”.
