La reforma previsional dejó comprometidos tres proyectos de ley vinculados a la iniciativa, dos que ya están ingresados en el Congreso y uno que debe entrar en un plazo de un año contado desde la publicación de la ley N° 21.735, es decir, máximo en marzo de 2026.
La tramitación de estas iniciativas se sumará a los retos que van en paralelo al proceso de implementación de la reforma de pensiones.
El primer proyecto comprometido ingresó el 24 de junio al Senado y está en su primer trámite constitucional en la Cámara Alta. Se trata de la iniciativa que regulará el traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), organismo al que le corresponderá licitar, adjudicar y celebrar los contratos del Seguro Social.
El Ejecutivo optó por un contenido más bien orientado hacia cambios operativos al funcionamiento del SIS, pero la industria aseguradora y algunos técnicos abogaban por modificaciones más profundas.
La investigadora de Horizontal y exintegrante de la mesa técnica de la reforma previsional en representación de la oposición, Soledad Hormazábal, explicó a DF que el SIS -que es una pieza central de la protección frente a contingencias graves como invalidez o muerte antes de la jubilación- fue traspasado al nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) como parte de la reforma.
“Sin embargo, el proyecto de ley que acompaña ese traspaso resulta incompleto ya que limita la transferencia administrativa sin corregir los incentivos que han tensionado históricamente el seguro ni garantiza la sostenibilidad de su financiamiento frente al envejecimiento de la población y el aumento de siniestros”, advirtió.
La economista añadió que “la introducción de una tasa fija de cotización, sumado a responsabilidades fragmentadas entre entidades distintas, diluye los incentivos para contener costos y amenaza la estabilidad del fondo”.
En ese marco, para la exintegrante de la mesa técnica, se requiere una reforma integral, que alinee responsabilidad y control, además de reformular los incentivos.
El segundo proyecto que también ingresó al Congreso es el que modifica la gestión fiscal del Fondo de Estabilización Económica y Social y del Fondo de Reserva de Pensiones, que entró el 23 de septiembre de 2025 a la Cámara de Diputados y está en su primer trámite constitucional sin movimientos desde esa fecha.
Soledad Hormazábal, investigadora de Horizontal “La discusión legislativa sobre el SIS no puede ser un trámite técnico, sino que se requiere una reforma integral, que alinee responsabilidad y control y reformule incentivos”.
El pendiente
La iniciativa que aún no ingresa y que quedó comprometida con la reforma de pensiones es la cotización del 7% que deberán hacer los trabajadores independientes en el futuro, que emiten boletas de honorarios, y cuya fecha máxima para que ingrese al Congreso es marzo de 2026.
Hormazábal detalló que “la presentación de este proyecto es un compromiso legal ineludible que tiene implicancias directas en la justicia del sistema previsional”.
Estimó que “si los independientes no son incorporados de forma obligatoria al nuevo régimen de cotizaciones, se profundizará un incentivo perverso: trabajadores y empleadores tendrán motivos para preferir contrataciones mediante boletas de honorarios para eludir contribuciones previsionales formales, erosionando la base de financiamiento del sistema y deteriorando las futuras pensiones de este grupo”.
La economista alertó que “esta distorsión no solo generará una brecha de cobertura entre trabajadores dependientes e independientes, sino que también agudizará desigualdades previsionales en un país donde la informalidad y la segmentación del mercado laboral siguen siendo desafíos estructurales”.
Si los proyectos siguen sin movimiento durante enero y La Moneda no ingresa este último texto al Parlamento antes del cambio de Gobierno, le corresponderá a la próxima administración de José Antonio Kast presentarlo y retomar la tramitación de las iniciativas.
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