Desde 2008, todas las propuestas de reformas de pensiones han enfrentado la dificultad de avanzar en el Congreso por falta de acuerdos políticos, no solo con la oposición, sino que también en la propia coalición del Gobierno de turno. Y la iniciativa que presentará el Ejecutivo a fines de octubre podría no ser la excepción dado el complejo ambiente legislativo posplebiscito y un escenario económico de menor crecimiento.
Hace una semana y media, el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, inició el trabajo prelegislativo y tras una decena de encuentros con parlamentarios de todas las bancadas, hará una segunda ronda de conversaciones para aterrizar los primeros detalles conocidos del proyecto de ley.
Entre las impresiones de quienes han participado de tales reuniones, se visualiza un escenario pedregoso debido a las diferencias con la oposición e incluso al interior de las fuerzas políticas que componen el Gobierno de Gabriel Boric.
El diputado (FA) Andrés Giordano, si bien reconoció que el rol de los privados podría generar matices en el debate parlamentario, señaló que “la propuesta del Ejecutivo converge hacia un sistema armónico”, y “si el objetivo es terminar con el lucro y mejorar las pensiones, no debiera haber mayor retardo”.
En la vereda opuesta, el diputado (RN) Frank Sauerbau dijo que la socialización de la reforma ha seguido la “misma lógica de la tributaria con constantes cambios”, por lo que hoy priman las incertezas respecto de lo que se ingresará finalmente al Congreso.
Separar la PGU
El diputado (UDI) Jorge Alessandri propondrá separar los cambios al sistema, dejando la mejora en cobertura y monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), y así lograr una tramitación rápida con foco en mejorar su universalidad y relacionar el beneficio a los años cotizados.
Para Giordano, la opción de dividir el proyecto “tiene más que ver con el anhelo de centrar el debate en el aporte fiscal y debilita la posibilidad de llevar adelante los cambios estructurales para restituir la seguridad social”, expresó.
Por último, la reforma enfrentará la tramitación paralela del proyecto de 40 horas y sus impactos en empleo, y el cumplimiento de un año del rechazo a la idea de legislar retiros de fondos de pensiones, abriendo espacio a nuevas propuestas de esta naturaleza.
Al respecto, Giordano recuerda que las “crisis y gradualidades no deben estar sobre la urgencia de mejorar las pensiones de los chilenos”.
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