Hace pocos días, la OCDE presentó su último informe sobre distribución del ingreso, donde uno de los principales indicadores de desigualdad es el índice de Gini (valor 0 para países con perfecta igualdad y 1 para perfecta desigualdad) el cual indica que nuestro país, experimenta una caída en el índice de 0,511 a 0,503 entre los años 2006 y 2011, disminución consistente con nuestros datos oficiales de encuesta CASEN. Sin embargo, en los últimos 24 años el indicador ha experimentado alzas y caídas marginales nunca superiores a 0,03 puntos anuales, lo que significa una desigualdad de ingresos constante.
Para una mayor movilidad social es necesaria una distribución de ingresos equitativa, como sucede en Noruega, Dinamarca y Finlandia –países OCDE- donde su índice de Gini en el año 2011 no supera el 0,261. En el otro extremo encontramos países como México, Turquía, Estados Unidos y, liderando el ranking de los países con la peor distribución de la OCDE, Chile.
Sin embargo, el informe de la OCDE también confirma hechos: una importante reducción del porcentaje de hogares que viven con ingresos menores a la línea de pobreza en Chile desde 1990 a la fecha. A principios de los 90’ al retorno de la democracia, cuatro de cada diez chilenos vivía en la pobreza (38,6%); en el año 2011 este porcentaje ha bajado cerca de 25 puntos porcentuales. ¿A qué se debió? A un fuerte impulso de las políticas sociales con aumento en gasto social, con programas focalizados que afectan a lo largo del ciclo vital de las personas más vulnerables.
Tenemos entonces un país exitoso en el combate a la pobreza, pero la brecha entre ricos y pobres parece ser la misma que hace 24 años, esto significa que el crecimiento económico no se distribuye equitativamente entre todos nosotros. Este hecho no sólo se ha manifestado en el creciente malestar social que hemos visto explotar estos años a través de demandas ciudadanas en las áreas de educación, salud, pensiones, vivienda, protección social, también este gobierno se encuentra implementando una serie de medidas, donde nuestra cartera lidera el debate de cómo medir la pobreza en Chile. En este último punto se ha cuestionado que la manera de calcularla no haya considerado de mejor forma los cambios en los niveles de vida y necesidades de la sociedad chilena, al volver al debate, requerirá una actualización de la línea de pobreza por ingresos, pues existen otras dimensiones que afectan a la población y que van más allá de los ingresos disponibles.
Esta situación presenta a Chile dos realidades y desafíos. El primero, que debemos combatir la desigualdad de ingresos a través de políticas sociales, educativas, salud y distribución del poder. Para ello se hace imprescindible una reforma tributaria que garantice que quienes perciben más ingresos paguen más impuestos que permitirán ayudar a quienes tienen menos. El segundo, es comprender que la pobreza es un fenómeno dinámico y complejo, cuya concepción no es inmutable en el tiempo; los cambios en los niveles de vida del país y en las necesidades que estos imponen a los hogares hacen necesarias nuevas maneras de comprender y medir pobreza y vulnerabilidad. El éxito en esta tarea nos permitirá en un futuro cercano no sólo conocer mejor la situación de pobreza en el país, sino también mejorar las políticas sociales focales, con bienestar social, buen vivir y buena calidad de vida, que lo merecemos todos.
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